Soboce, perteneciente al Grupo Gloria, una de las empresas transnacionales más importantes de Sudamérica con participación en cementeras de Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, además de otras actividades comerciales, mantiene pleitos legales millonarios contra entidades chuquisaqueñas. Entre estas disputas se encuentran el litigio emergente de la reversión del tercio de las acciones de Soboce a favor de la Gobernación de Chuquisaca y el proceso legal por competencia desleal dolosa perpetrada en contra de Fancesa, cuando Samuel Doria Medina poseía la mayoría de las acciones de la cementera paceña. Ambos casos se remontan a más de una década, con sendas historias típicas al estilo boliviano, las cuales contextualizaremos a continuación. Cuando se dice que es “contra Chuquisaca”, se debe a que Fancesa tiene como copropietarios a instituciones estatales que representan a todo el departamento. Por lo tanto, estos litigios enfrentan a la transnacional Grupo Gloria con los intereses chuquisaqueños.
Fancesa, de propiedad pública pero administrada como Sociedad Anónima, se convirtió en una empresa codiciada por actores políticos bajo el paraguas del proceso de privatización. En ese contexto, el 28 de septiembre de 1999 se entregó el 33,34% de sus acciones, pertenecientes a la entonces Prefectura de Chuquisaca, a Soboce por un monto de $us 26 millones, pese a las severas protestas de la población chuquisaqueña. El comprador de ese tercio de las acciones fue Samuel Doria Medina, accionista mayoritario de Soboce. Este hecho generó gran malestar y cuestionamientos entre los chuquisaqueños, quienes percibieron la venta de las acciones públicas a Soboce como un acto que favorecía a intereses privados en detrimento de los intereses departamentales.
Esta enajenación irregular y con tintes políticos trajo severas consecuencias negativas para Fancesa y Chuquisaca. Soboce, bajo la administración de Samuel Doria Medina, entró a la cementera chuquisaqueña perpetrando innumerables acciones que, en el transcurso de los 10 años que duró su gestión, impidieron sistemáticamente el crecimiento de la capacidad productiva y financiera de Fancesa.
Es durante este período que Soboce cometió, entre muchas otras acciones dolosas que la prensa local testimonió en su momento, el delito de competencia desleal. Por este acto ilegal es que se impulsan acciones judiciales, lográndose el 21 de mayo de 2015 una sentencia ejecutoriada a favor de la cementera chuquisaqueña Fancesa.
Con este antecedente, 24 de abril de 2018, Fancesa inició una demanda por resarcimiento civil por daño emergente debido a la competencia desleal dolosa cometida por Soboce. El 28 de junio de 2023 se dictó sentencia declarando que hubo un daño económico a Fancesa por Bs 744.315.432. Posteriormente, el 31 de octubre de ese mismo año, la Sala Civil Primera de Chuquisaca confirmó la sentencia de primera instancia. Ante esta resolución desfavorable, la cementera paceña, perteneciente al Grupo Gloria, continuó ejerciendo los recursos legales que le franquea la normativa, por ello, acudió al recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. El 18 de enero de 2024, Soboce presentó una Acción de Inconstitucionalidad Concreta. Sin embargo, esta máxima instancia jurisdiccional rechazó dicha acción y la derivó, en consulta, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Finalmente, el TCP ratificó el rechazo a la Acción de Inconstitucionalidad el 2 de abril de 2024, dejando así vía libre para que el Tribunal Supremo de Justicia continúe tramitando el caso.
El caso del tercio de las acciones es otro pleito legal, contra la Gobernación. El 1 de septiembre de 2010, se revierte el 33,34% de las acciones que ostentaba Soboce a manos de la Gobernación de Chuquisaca en medio de protestas y amenazas legales por parte de Samuel Doria Medina y su entorno político de Unidad Nacional, su partido político, quienes exigen el pago de $us 80 millones; sin embargo, la Gobernación no cumple esa obligación argumentando que el monto exigido no es el correcto, por lo que solicita un peritaje para establecer el monto real. Ante la dilación y el impago, Soboce acude a instancias legales y de arbitraje internacionales para insistir en el pago de esos recursos, esta vez por un monto de $us 269 millones.
El caso por Competencia desleal dolosa está en manos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya decisión reivindicará a la región o la afrentará. Y en el caso del tercio de las acciones, las decisiones legales también deberán establecer montos reales a favor del departamento de Chuquisaca. En ambos casos, son litigios entre entidades locales y foráneas.
