El nivel de degradación de la política a nivel mundial está tocando máximos. Ocurre en países con una fuerte tradición institucional y con poblaciones de un alto nivel de educación, y también en países más acostumbrados a la inestabilidad.
Gestionar una crisis nunca ha sido fácil, pero, en la intención, no son pocos los gobiernos que optan por maquillar datos, esconderlos y arrojar solo los que les interesan. Lo hicieron los gobiernos denominados “neoliberales”, el de transición y, por último, los del Movimiento Al Socialismo (MAS). La cuestión está en que el tamaño de la crisis y el volumen de los datos “hurtados” pueden llevar a provocar una chispa incendiaria, y nunca conviene jugar con fuego.
La colección de datos escondidos en el país tiene volúmenes incalculables y, de los que llegaron a conocerse, han tenido más trascendencia, precisamente, luego de que se camuflaran. El caso más emblemático es el de las Reservas Internacionales Netas (RIN), información que no tiene tanta importancia como la que se le atribuye, pero que se cargó de contenido desde el momento en el que el gobierno de Evo Morales decidió que la forma más sencilla de mostrar sus logros era exhibiendo esa curva que se llenaba con los recursos de la venta del gas y que por eso, cuando desapareció el gas y la venta, volvió a niveles raquíticos.
Es justamente el asunto del gas uno de los más torpemente manejados. Cabe recordar que los gobiernos están obligados por ley a informar de los volúmenes de las reservas probadas cada año.
Por otro lado, el dato de desempleo resulta un absurdo en un país como Bolivia, donde hasta lo más precario cuenta como ocupación; o el dato de la inflación, construido específicamente para dar determinados resultados y mantener la calma.
La desconfianza en las instituciones está siendo un rasgo común en varios países del mundo y, el nuestro no es la excepción. En Bolivia, esto comenzó hace décadas con la lucha nunca demasiado frontal contra el narcotráfico y continuó en otras áreas; últimamente, se podría contar entre estas, por ejemplo, al manejo del fondo de pensiones, tras la salida de las AFPs.
Es cierto que en el actual gobierno de Luis Arce se están dando muestras de un combate más decidido a la producción de droga en el país. En días pasados, una autoridad señaló directamente a Morales por este tema, al considerarse su bastión en el Trópico de Cochabamba como un importante centro de esa actividad ilícita, como se sabe, con repercusiones y ramificaciones internacionales.
Por lo demás, aún está en debate la modernización de Derechos Reales, que depende del Consejo de la Magistratura y que se ha intentado sustituir por la participación de la Agencia Estatal de Tecnología e Información (Agetic), que depende del Gobierno. Varias encuestas ya han confirmado la desconfianza de la gente en la justicia; ahora habría que ver cuánto confía en la administración del Ejecutivo.
En este y otros temas, mucho ha tenido que ver la ineficacia de los parlamentarios en la actual legislatura; por lo menos en los últimos años, no han destacado por la producción de un gran número de leyes para beneficio de la sociedad. Ni el Judicial, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo dan demasiada seguridad y confianza a la ciudadanía.
