¿A quién beneficia?

Hay una locución latina: ‘cui prodest’, que significa “¿a quién beneficia?”. Cuando no se ve inmediatamente a qué grupos, fuerzas o conglomeraciones políticos o sociales defienden determinadas propuestas, medidas, etc., debe preguntarse “¿a quién beneficia?”. Vladimir Illich - Lenin.- 11 abril, 1913. Pravda.

Lo más probable es que más de un “libertario sin lectura” ataque con eso de “comunista y socialista” el presente artículo y a su autor; son los acostumbrados a juzgar un libro por su tapa, sin detenerse a pensar que el valor de leer está, precisamente, en cómo se aplica lo que se lee; es decir a lo que se entiende. Pero no importa, son muchos años de esto, de manera que aquí seguimos y… Aquí vamos: 

El TCP, en una especie de “autoreivindicación democrática”, después de haberse autoprorrogado de manera ilegal en la ampliación de sus funciones, decidió REVOCAR en todo la resolución del Tribunal de Pando, que había decidido, en pocas palabras, detener la continuación del proceso de selección de precandidatos a las elecciones del Órgano Judicial, estableciendo, en la vía “exhortativa”, la necesidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional… garantice el derecho constitucional de las mujeres y naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en los órganos e instituciones del sistema de justicia… sin dejar de prevalecer el fin principal de los comicios judiciales, orientados a la elección de autoridades idóneas para el ejercicio especializado de la administración de justicia en sus más altas instancias, conforme se exige por la Norma Suprema” (entrecomillado textual de la sentencia). 

¿A quién beneficia? Al Gobierno y al propio TCP.

Veamos. Al garantizar la presencia de organizaciones adeptas al partido de gobierno y, fundamentalmente del “arcesismo” (sus organizaciones sociales son las reconocidas por el gobierno) en esas altas cortes, si acaso se llega a la elección; ahí está el beneficio. Repárese que la Sentencia Constitucional no objeta que se repitan los amparos constitucionales que posterguen los plazos hasta la resolución de los mismos; si se lee bien, de muchas páginas, no se las deja sin efecto ni exige un tratamiento especial; muy por el contrario, considera que los recursos se basan en sentencias constitucionales se puede entender que ¡este es el objetivo! Que beneficia al Poder Ejecutivo. Eso por un lado...

Por el otro, a garantizar sus propios objetivos, dado que, considerando que la ALP se dará prisa en seguir con la preselección, basada en la norma, el día de mañana, no se va a poder negar la “constitucionalidad de los autoprorrogados. La propia ALP detuvo el proceso cuando desde Pando se dio lugar a un amparo constitucional y, lo reinicia cuando hay una “exhortación” para que el mismo continúe… ¡listo! No es más, el TCP ha logrado su validación; difícilmente se pueda reconocer al TCP “con beneficio de inventario”, es decir unas actuaciones sí; otras no.

¡He ahí a quienes benefician la instigación al chovinismo y la palabrería sobre “patriotismo” (patriotismo de cañón) defensa de la cultura (con armas que destruyen la cultura), etcétera! Otra vez Lenin, mismo texto.

Pasemos a otro tema: El Banco Central de Bolivia (BCB) reconoció que debe a los bancos del sistema $us 2.856 millones por la “constitución del Fondo de Garantías para la colocación de créditos al sector productivo, crédito de vivienda de interés social y crédito orientado a contribuir al ahorro y eficiencia energética” (https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-bcb-debe-us-2856-millones-a-los-bancos-y-los-devolvera-en-2026_367460); plata que se va a devolver el 2026, cuando se haya cambiado o decidido la ampliación de mandato al presidente Arce por la vía de elecciones, ojalá limpias y transparentes; hay que volver a mirar el padrón.

Ante la crisis que vivimos, los bancos privados pidieron la devolución de sus dineros entregados en calidad de garantía y el BCB respondió inmediatamente que “van a devolver, pero no antes” (del plazo), sino cuando se “cumplan las condiciones fijadas” y que, además, “este tipo de instrumentos se vino realizando desde 2017, se han constituido seis fondos de garantía, están vigentes en la actualidad cuatro fondos los bancos”. “Se han cancelado y conciliado saldos con las entidades de intermediación financiera para regular la liquidez”, aseguró el presidente del BCB, el señor Rojas, sin aclarar si los fondos cubren o no las garantías depositadas. 

Es obvio pensar que, si las cuentas son a favor de los bancos, por las condiciones económicas del país, por la escasez de dólares y la depreciación apurada de la moneda nacional, desde el BCB debieran devolver lo que corresponde. Pongámoslo claro: Si esa plata dejó de ser garantía y sigue retenida sin acuerdo con sus dueños, puede estar convirtiéndose en un “corralito” y, aunque no lo hemos vivido, sabemos lo que pasó en Argentina y, eso eriza a los depositantes. 

Entiéndase: los bancos tienen plata de la gente que depositó, creyendo que la misma estaría segura, prestigio que se logró desde las medidas del 1985, cuando la democracia ya recuperada estaba dando las muestras de una seriedad que no se ve en este tiempo. 

No, en política no importa tanto quién sostiene directamente determinadas ideas. Lo que importa es a quién benefician esas ideas, esas propuestas y medidas (Lenin, texto citado 1913, antes de la Revolución rusa).

¿A quién beneficia? Siguiendo el texto de don Vladimir Illich, diremos que la idea era que sirva al Estado, pero, en el caso boliviano, el Gobierno ha capturado, en aquello que le conviene, al Estado y, resulta que la mayoría de los bolivianos creemos que don Luis Arce tiene en sus manos un Estado insolvente (no es la primera vez que en ese espacio se usa el término) y que, en este caso, se ve que el BCB no pueda devolver esa plata, porque en las “cachas del Estado” no hay llegan ni sumando “puchitos”, como dice Gonzalo Chávez, a 150 millones de dólares. 

Es compleja la situación; los ministros, en vez de informar, desinforman y no son creíbles; lamentablemente el Presidente, su portavoz están en las mismas, distrayéndolo todo enfrascados en política… acusando a Morales de todo, sabiendo que es imposible que este pueda levantarse (políticamente), pero cometiendo incoherencias como esa de “pedirle que libere” algunos espacios (Villa Tunari) del territorio chapareño a la erradicación de coca excedentaria, como si no se pudiera entrar, cuando él mismo de manera prepotente aseguró en septiembre del 2023 que “no hay zona que no se pueda intervenir”, aunque el 12 de enero del 2024 celebraron haber entrado a cinco sindicatos del Trópico después de 16 años, es decir, después de la posesión de Arce, cuando ya habían pasado tres años (1.095 días) y poco más de un mes, hasta que lo hicieron. 

Considerando lo ocurrido en Valle Sacta y la orden de “exfiltrar” (salir, terminología policial y militar) sin quemar ni tocar nada de una fábrica de cocaína, da la impresión de que se demoraron esos tres años en armar su estructura para disputarle al huido el sistema de protección.

En fin… ¿a quién beneficia ese pleito? A nadie… al menos, no al país… (Lenin también se preguntó, ¿Qué hacer?… pero ese texto no encaja en nada que sirva en este análisis).


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