Las rebeliones que se produjeron entre 1809 y 1810 en el territorio que hoy es Bolivia no les dieron libertad a sus respectivas ciudades ya que, una por una, fueron recuperadas por los realistas en operaciones comandadas por el brigadier arequipeño José Manuel de Goyeneche. Ante esa situación, surgieron las republiquetas; es decir, territorios controlados por uno o algunos líderes que, por eso mismo, no obedecían las órdenes de las autoridades españolas.
Hoy en día, el adjetivo “republiqueta” no aparece en el Diccionario de la Lengua Española, pero se lo reconoce, todavía extraoficialmente, como al territorio precariamente organizado, con frecuencia sometido a regímenes y con un grado vago de institucionalidad. Basta esa ligera descripción para entender que podrían existir republiquetas en Bolivia, aunque, de ser así, no tienen el carácter heroico de aquellas que sustentaron la Guerra de la Independencia sino que, por el contrario, defienden intereses particulares y actúan en contra de la ley o están muy cerca de infringirla.
Veamos el caso del Chapare. Se trata de un territorio de cocaleros donde las fuerzas de seguridad, como el Ejército y la Policía, tienen un ingreso restringido, y, cuando logran entrar, deben avenirse a condiciones previamente pactadas con los líderes de las federaciones de cultivadores de coca.
Allí se han detectado innumerables fábricas que se dedicaban a la actividad ilícita de la producción de droga, sin contar casos de secuestros con fines de extorsiones o cobros por devolver a la persona retenida contra su voluntad. En el San Juan recién pasado, un joven fue secuestrado en Sinahota.
La familia de esta persona informó a la Policía que recibió mensajes en los que se le exigían 50.000 dólares a cambio de la liberación del infortunado o, de lo contrario, lo encontrarían sin vida. Mientras los investigadores siguen el rastro de los secuestradores, los allegados de la víctima viven una larga angustia sin saber qué más hacer.
En mayo de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que en la región del trópico de Cochabamba se reportaron 13 secuestros en 2023. Por lo mismo, en diciembre de ese año ordenó un operativo con la presencia de uniformados de distintos departamentos para “pacificar” estos municipios donde los secuestros suelen estar relacionados con casos de narcotráfico y las personas directamente afectadas o sufren torturas o son acribilladas. Esto mismo ocurre en algunas regiones del departamento de Santa Cruz fronterizas con Brasil.
En cuanto al Chapare, algunas localidades como Entre Ríos, Villa Tunari, Chimoré y Shinahota son las más afectadas por el flagelo de la delincuencia. La Fiscalía informó que el año pasado hubo 23 casos de violencia extrema en el trópico.
El Ministerio de Gobierno y la Policía informaron de la desarticulación de una banda de secuestradores conformada por una familia; sin embargo, meses después se siguen presentando estos delitos. Se presume que los líderes de la organización criminal continúan dirigiendo a sus integrantes desde la cárcel, lo que no sería algo nuevo en Bolivia.
Es lo que sucede cuando hay ausencia de autoridad estatal en un lugar que bien podría ser considerado como republiqueta. Esta clase de sitios son propicios al surgimiento de grupos irregulares o delictivos.
Tristemente, el del Chapare no es el único caso. Al ya citado anteriormente se pueden sumar las zonas auríferas, donde el poder alcanzado por las cooperativas mineras se ha ido reproduciendo como hongos. Es una advertencia de que en cualquier momento podría presentarse una situación similar a la del trópico de Cochabamba.
