Para este viernes se ha convocado a los miembros de las comisiones del Congreso a cargo del proceso de preselección de candidatos a los comicios judiciales, después de que la Sala Constitucional de Beni dejara sin efecto la medida cautelar que había paralizado ese trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
A lo largo del tiempo que lleva ya esta labor, desde este mismo espacio nos hemos preguntado no una, sino varias veces, si realmente habrá elecciones judiciales en el país. La larga sucesión de recursos de amparos constitucionales interpuestos por postulantes a estos comicios, con la sospecha de una mano política negra por detrás queriendo boicotear el proceso electoral, no ha hecho más que dar a pensar en la posibilidad de que, finalmente, no se lleven a cabo.
Que se anuncie la reanudación del proceso de preselección con los exámenes a los casi 400 postulantes ya es un adelanto. Aunque no se puede ser iluso y descartar una nueva paralización con otro recurso judicial.
Se ha llegado al absurdo de que incluso un candidato inhabilitado actuó de vocal en la resolución de uno de esos recursos que frenaron las judiciales. Inaudito.
Entretanto, llegó la declaración constitucional que prorrogó en sus mandatos a las actuales autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo cual desató un nueva polémica y una verdadera guerra política dentro de la ALP, donde el sector ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) se alió con la oposición para elaborar un proyecto de ley de cesación de funciones de los llamados “autoprorrogados”, norma que utilizaron para chantajear al ‘arcismo’, que por todos los medios pidió al Legislativo aprobar créditos internacionales destinados a obras en el país.
En un intento de recapitulación, habrá que recordar que, con una demora de cerca de diez meses, el 6 de febrero de este año la ALP sancionaba la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales y diez días después aprobaba la convocatoria para preselección de candidatos judiciales 2024.
Lo cierto es que son los propios legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, los que, por falta de acuerdos, vinieron postergando la convocatoria a elecciones judiciales desde el año pasado.
Hace poco, el miércoles 10 de julio, los partidos políticos recién se comprometieron con este proceso. Fue en el denominado “Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia” y a instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El punto número 3 de la ‘Declaración por la Democracia’ —que firmaron todos menos el expresidente Evo Morales— dice lo siguiente: “Es una prioridad la realización de las Elecciones Judiciales con la finalidad de renovar a las autoridades judiciales en el marco constitucional y legal vigente en el país”.
Resta ver si el proceso de preselección de candidatos no vuelve a encontrar piedras en el camino y si las facciones enfrentadas en el oficialismo no acaban por minar las judiciales, como parte del panorama de desinstitucionalización que vive el país no de ahora, sino desde hace un par de décadas.
