En el artículo 10.I de la Constitución Política del Estado, Bolivia se define como un Estado pacifista, lo que quiere decir que ha renunciado a la guerra como un método para la resolución de conflictos. Si no va a ir a la guerra, el país no necesita tener una reserva de soldados puesto que esta solo sirve para ese fin. Con ese razonamiento básico, el servicio militar no debería ser obligatorio, sino voluntario.
No obstante, y pese a la claridad de esa condición, Bolivia mantiene la obligatoriedad del servicio militar y las contradicciones que este conlleva. Hay incluso un servicio premilitar, no obligatorio, con funestas consecuencias como la ocurrida hace unos días cuando, en Sucre, una adolescente de 17 años de edad perdió la vida tras un golpe por el que fue a parar a un hospital solo cuatro días después, en extrañas circunstancias.
En casi 20 años de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ha sido capaz de acabar con uno de los grandes ejemplos de desigualdad social en el país, pues eso es el servicio militar: mientras unos dedican prácticamente un año entero de su vida, otros se despachan en un puñado de fines de semana y algunas fiestas de guardar con su consiguiente pago especial por la modalidad. Entonces, lo primero que hay que admitir es que, lejos de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, hay diferencias sustanciales entre los que sirven en un modo y en otro.
En el continente, en general, este sistema es eminentemente voluntario: solo ocho países de Latinoamérica lo mantienen como obligatorio, aunque con diferentes modalidades para librar, sobre todo, a los que cursan estudios, que es lo que sucede también con Bolivia y su modalidad premilitar.
Lo que se busca con los accesos voluntarios es profesionalizar los ejércitos, como en el caso de Venezuela o Chile y también Brasil y Colombia, que está reflexionando su nuevo modelo; sin embargo, el rol que se le otorga como inductor del nacionalismo patrio no queda cubierto para quienes rehúyen del servicio.
No cuesta imaginar que detrás de estos procedimientos se encuentran intereses de micropoder interesados en que las cosas se mantengan tal como están, en que nadie cambie, en que todo siga siendo siempre igual, sin hacer más ruido ni levantar la mano.
Hay otra corriente de opinión que refiere a los jóvenes y su aparentemente escaso involucramiento con lo nacional. El servicio militar está cada vez menos solicitado por la población urbana, que es mayoritaria, y es mucho presuponer que, de otra manera, estos jóvenes son capaces de interiorizar lo que es el servicio a la patria y la realidad nacional.
En esta línea hay experiencias interesantes en otros países que en paralelo a la instrucción militar incorporaron actividades de carácter voluntario que sirven para mejorar de alguna manera las condiciones de vida de la gente. El método era sencillo, pues solo se requería que las organizaciones de solidaridad u acción social se dieran de alta en el registro y asumieran la responsabilidad de canalizar el trabajo voluntario y rendir cuentas a las autoridades militares en lo que claramente era un ganar/ganar para todos… menos quizá para los bolsillos de los instructores.
Bolivia tiene urgencias que requieren, más que recursos económicos, recursos humanos. Ojalá todos coincidiéramos en que mejor que tener a miles de jóvenes reclutados cada fin de semana, se puede servir a la patria desde otros espacios tanto o más necesarios.
Dado su carácter pacifista, el país debería contar con un servicio militar voluntario. Y, contrariamente a lo que ocurre con casi todo, la decisión de que sea así no depende —o no tendría que depender— de ideologías ni de partidos políticos. Es cuestión de sentido común.
