Mi amigo y colega académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia Msc. Antonio Peres Velasco, ha publicado su libro “Ambigüedad y miedo en el Derecho. Un análisis de la resignificación del Sistema Jurídico en el estado plurinacional” (Plural Editores, diciembre de 2023). Habiendo disfrutado de su lectura y siéndome imposible siquiera bajo pretensión de resumen poder transmitirles en modo “chuiter” (ahora X) su delicioso contenido, va una pizquita siquiera de su contribución al análisis del estado del arte de nuestra –triste– realidad.
Empiezo, reconociendo y aplaudiendo que el título y subtítulo quedan chicos respecto de su contenido. Si bien el autor profesor universitario de Filosofía Jurídica enfoca su estudio desde lo jurídico, saludablemente abarca –partiendo de esa nuestra ciencia– lo político en su cabal acepción: relación estado vs ciudadano. De ahí que entre sus juicios rigurosamente respaldados por la normativa y en muchos casos reseñas de publicaciones de prensa, resalto entre muchos, que nos presenta un diagnóstico bastante certero de las causas del actual desastre institucional en el que sensiblemente nuestra Bolivia se revuelca.
Resalto de entre varios, los más cercanos a la verdad desde mi gusto, consistentes en que nos recuerda –pues se trata de datos extractados de la realidad– que la última Asamblea Constituyente, aquella que acabó en la Masacre de La Calancha (aún impune, por el momento…) no estuvo conformada por constituyentes que tenían mínimos conocimientos, competencias y destrezas aplicadas a la deliberación de temas políticos, jurídicos, económicos y sociales sobre la organización del Estado; tampoco ejercieron esa su función con libertad civil y de pensamiento, sino bajo consigna partidaria, pues es harto conocido que esa Asamblea quedó supeditada al poder de consignas de partidos políticos, agrupaciones y otros grupos de decisión, que fueron intervenidos por tomadores de decisiones que no formaban parte del poder constituyente, sino del poder constituido. Al final del día, la Asamblea Constituyente quedó afectada por una evidente carencia de libertad de sus integrantes y falta de independencia institucional frente a esos poderes constituidos, vaciando de contenido su magna función. Por ello, su producto –la CPE de 2009– no se muestra ni siente como resultado de la voluntad general, sino de un pacto político del poder constituido –Lotería Nacional– surgido del miedo, conflicto y amenaza de división.
Sintiendo que me quedo muy pero muy corto sobre las principales ideas del trabajo, rescato también un elemento que lo sufrimos cotidianamente: los criterios de selección de los servidores estatales. El autor nos recuerda que el discurso oficial del MAS so pretexto de justificar la reorganización –destrucción, diría yo– del Estado como parte de la supuesta descolonización, se destinó a: “…eliminar la exclusividad derivada de la meritocracia colonial académica que legitimó a que los mismos de siempre estén en el poder”. Nos da como ejemplos las truculentas “elecciones” judiciales o la aniquilación de la carrera diplomática, pasando por la supina ignorancia de supuestos servidores públicos que toman decisiones que afectan a todos nosotros y nuestro futuro.
Concluye que el pecado original con el que nació el Estado Plurinacional, consiste en que se lo concibió –con tal de empernarse en el poder, sine die por el MAS– como un instrumento de clase y representación corporativa, con desconocimiento de la voluntad e interés general, pues nunca terminaron de reconocer la existencia de un Estado convenido y aceptado como árbitro imparcial y sujeto a la ley. Peor aún, se acostumbró aprobar y/o regir normas y costumbres que privilegian el control político de la sociedad civil y someterla al tutelaje partidario –el sistema de justicia, bien gracias haciéndose a la del otro viernes o prostituyéndose– de forma que elementales garantías universales como la libre asociación, iniciativa privada, libre expresión o la libre empresa o el principio de legalidad, aunque demagógicamente están escritas, no se cumplen hasta con la complicidad de sus garantes. Son como escribe el autor: “Hostias sin consagrar”.
Por eso aún peor, se consagró y regularizó aquella tremenda estupidez del tirano que le metía nomás por encima de la ley y hasta el sentido común y ahora, como nuestra triste realidad nos torpedea cotidianamente, añado de mi parte, resulta que vivimos en la jungla del Estado “plurinashonal” en el que ni siquiera durante la colonia se ha cuestionado y descalificado la juridicidad. La Constitución del 2009 que supuestamente diseñó el Estado destinado a superar lo colonial no fue resultado de un pacto político unánime para frenar el abuso del poder incluso mediante o pese, el Derecho, sino fue resultado de la imposición del partido gobernante y de los poderes constituidos, sin que haya plasmado definiciones o pisos comunes pese a nuestras saludables diferencias, fue simple y llanamente expresión del ejercicio autoritario de poder, habiéndose –como hoy se aprecia– en un obstáculo para el desarrollo del estado de derecho y de la misma democracia. Algo así como ya Lampedusa lo había magistralmente descrito: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.