El llamado del jefe de Estado, Luis Arce, a un referéndum, el mismo día de las elecciones judiciales, para preguntar a la población qué hacer con la subvención de los carburantes, cómo distribuir los escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional después de conocerse los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, además de consultarle sobre la “reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, está desatando todo tipo de reacciones.
La propuesta cayó por sorpresa, en medio del discurso informe a la nación que el Presidente suele brindar cada 6 de Agosto y, en principio, puso a pensar a oficialistas y opositores; no solamente a políticos, sino también al resto de la población.
Se trata de una jugada política inesperada. Sin lugar a dudas que la cuestión de la subvención es un problema de orden prioritario que este gobierno debe encarar porque, de lo contrario, las arcas del Estado se verán seriamente comprometidas. Solo este año, la subvención a los hidrocarburos llegó a Bs 9.803 millones, de los cuales más de la mitad, Bs 5.867 millones, fueron al diésel. La situación, por esta razón, se torna insostenible. El Estado no puede seguir manteniendo ese nivel de asistencia.
Por otro lado, el tema de la distribución de escaños es, políticamente hablando, muy delicado, por cuanto incide de manera directa en el equilibrio de poder entre los departamentos del país y lo que vaya a ocurrir, a partir de los resultados del Censo, representará cambios que podrían ser definitivos para el futuro de determinadas regiones. En los casos particulares de Chuquisaca y Potosí, son dos de los departamentos que de un modo especial deben seguir de cerca las decisiones que se vayan a asumir al respecto, porque, debido a la migración, es prácticamente un hecho que se verán perjudicados con la nueva distribución de escaños y, ante esa realidad, vienen surgiendo voces acerca de la necesidad de establecer mecanismos de compensación.
El tercer asunto tiene relación con la reelección presidencial, prevista en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE). Y probablemente sea el más polémico porque, ¿cuán necesario es interpretar lo que dice la Carta Magna sobre el tema? ¿Qué parte del artículo en cuestión no se entiende? “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, se lee en ese acápite de la CPE.
Por lo pronto, Arce ganó en lo que respecta a las estrategias políticas. De alguna manera, corrió de los primeros lugares de los medios de comunicación a los preocupantes temas del abastecimiento del diésel y la falta de dólares para que la agenda de debate ahora se centre en el pretendido referéndum. Pero, atención con la respuesta de sus detractores. El ‘evismo’, su principal oposición, hoy por hoy, salió a contestar que no tiene problema en apoyar la propuesta, pero si se añade una cuarta pregunta a la consulta, la de pedir a la ciudadanía que se pronuncie sobre la continuidad o no de Arce y Choquehuanca. ¿Merecerá esta otra jugada la consideración del Gobierno?
Entretanto, los líderes de la oposición que no está en el MAS vienen coincidiendo, en líneas generales, en que el Gobierno busca desentenderse de sus responsabilidades transfiriéndolas a los gobernados, lo cual no parece estar muy alejado de la verdad, fuera de la interpretación de que un referéndum es, precisamente, un instrumento de consulta a la población sobre temas cruciales para el futuro de un país.
