El n un intento de abordar el tema con mayor claridad, he tratado de discernir la diferencia estructural entre los términos “subsidios” y “subvenciones”, con el fin de opinar sobre el posible referéndum anunciado por el Gobierno. En este contexto, se puede definir el subsidio como “un incentivo gubernamental que representa una forma de ayuda o apoyo financiero dirigido a un sector económico, generalmente con el objetivo de promover determinadas políticas económicas y sociales”. En contraste, la subvención se entiende como “ayuda otorgada para el ejercicio de una actividad o para compensar gastos realizados por un sector o una empresa, destinadas a mantener bajos los precios de un producto o servicio”. Por lo tanto, la diferencia fundamental radica en que, aunque en ambos casos se trata de ayudas económicas proporcionadas por el Estado, la subvención ayuda a costear gastos específicos, mientras que el subsidio busca satisfacer de manera extraordinaria una necesidad concreta en un momento determinado.
En esta dicotomía, surge mi preocupación respecto a la coherencia y viabilidad de la consulta popular que se pretende realizar. La política adoptada desde 2004, que consiste en que el Estado adquiera carburantes a un elevado precio del mercado internacional y los provea a la población a un costo menor, se ha vuelto insostenible para la economía nacional. Se estima que este sistema genera un gasto de alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, lo cual no solo restringe los presupuestos destinados a otros sectores prioritarios, como la salud y la educación, sino que también constituye una de las principales causas de la escasez de divisas y el incremento de las tensiones en el mercado cambiario.
Es esencial diferenciar esta política pública según los sectores beneficiados. Por un lado, se encuentran los consumidores industriales, incluidos los empresarios que se dedican a la extracción de recursos no renovables, como la minería y la actividad maderera (cooperativistas, ingenios mineros, rescatistas, aserraderos, comercializadores, etc.), quienes, gracias a esta medida, se han convertido en los nuevos millonarios del siglo XXI. Por otro lado, está el sector agropecuario, que explota recursos naturales semirenovables con el objetivo de contribuir a la producción alimentaria, no obstante, con un menor grado de utilidades. En consecuencia, quienes se benefician de estas políticas resultan ser los “subvencionados”, mientras que el resto de la población, que requiere carburantes para prestar servicios de transporte público y satisfacer necesidades básicas, se considerará “subsidiada”.
Como corolario, para convocar a un referéndum sobre la subvención de los precios de los combustibles, sería indispensable distinguir de manera clara los grupos a los que se dirige la consulta popular. No es razonable meter a todos en la misma bolsa, dado que las realidades y necesidades de cada grupo son significativamente diferentes.
