El “modelo sociocomunitario y productivo” está agonizando.
Empezaron prometiendo crecimiento sostenido, mayor empleo, mejores ingresos, grandes exportaciones, sostenibilidad, innovación. Dieciocho años después, es ridículamente fácil comprobar que se equivocaron completamente, si es que no mintieron descaradamente.
Muchos analistas se lo advirtieron; los masistas se limitaron a mirarlos por encima del hombro. Muchos centros de estudios especializados también lanzaron señales de alarma; recibieron similares respuestas. Ahora, cuando los hechos hablan por sí mismos, podemos ver el desolador panorama que dejan los desvaríos socialistas y racistas del régimen masista:
No hay crecimiento. Como mucho, en 2023, el PIB creció en 3%, mucho menos que antes. La formación bruta de capital fijo es insuficiente; no da para incrementar significativamente ni para reponer el capital que es destruido o se hace obsoleto. Incluso en el año 2019 la formación bruta de capital fijo fue mayor que en el año 2023.
Los desequilibrios fiscales, cambiarios, financieros y monetarios -que ya habían mostrado su faz en 2013- se han agudizado. Tenemos, exactamente, lo que los economistas llaman “problemas en la balanza de pagos”:
Las exportaciones han caído 21% respecto al año anterior y las importaciones, 8%. No olvide, lector, que necesitamos de ambas. Las exportaciones nos generan divisas, con las que podemos importar los bienes de capital y los bienes de consumidor que no producimos pero que necesitamos.
El déficit en cuenta corriente es de 2.7% del PIB (esta cuenta incluye el saldo comercial y las transferencias) pero el régimen persiste en mantener el déficit fiscal. Ya van once años (¡once!) durante los cuales los gastos del régimen masista son mayores que sus ingresos. El gasto fiscal es financiado invariablemente con reservas externas y con crédito del Banco Central al sector público.
La inversión externa directa, que podría ser un energizante tremendo del crecimiento, ha llegado el año anterior a 37 M$us, una suma ridícula si se la compara con los 29.200 M$us dólares captados por el Perú en el mismo año.
La deuda pública ha crecido desmesuradamente. Suma actualmente 36.296 M$us, iguales a 80% del PIB. Su repago no tomará algunos años, sino por lo menos dos décadas. Una deuda mucho menor, la dejada por la dictadura banzerista, fue pagada en veinticuatro años.
En el pasado inmediato, el crédito al sector público era financiado con las reservas internacionales netas (RIN), pero eso ya no ocurre. El gasto público sigue creciendo, pero ya no hay RIN. En consecuencia, el gasto público está creando una presión formidable hacia la devaluación.
No hay necesidad de mencionar que una devaluación no acarrearía en Bolivia los beneficios que acarrearía en países con economías más diversificadas y con una base industrial más sólida. Los productos verdaderamente transables en el comercio internacional que tiene Bolivia son muy pocos. Serían muy pocas las empresas que pudieran beneficiarse de un dólar más caro, y en cambio, serían millones los consumidores que tendrían que pagar más por los bienes de consumo final importados o que contienen componentes importados, que consumen.
El gobierno se ha quedado casi sin fuentes de financiamiento. La emisión local de bonos ha recogido poco más de 60 M$us, que no tienen ninguna significación. Las grandes fuentes de financiamiento externo están cerradas, en reacción indudable a la peligrosa calificación obtenida por Bolivia en los índices de riesgo país: 2100 puntos en la escala de S&P. Esto significa que si Bolivia quiere obtener préstamos tendrá que pagar tasas de interés anuales de aproximadamente 21%, cosa que está totalmente fuera del alcance del gobierno. En el año 2023 se ha recibido muy pocos desembolsos de créditos, por lo que se puede afirmar que ese año Bolivia transfirió al exterior más fondos que los que recibió.
Escasean las divisas. Es el resultado de no haber estimulado las exportaciones, de haber permitido la apreciación del tipo de cambio y de haber utilizado las RIN, incluso, y sobre todo, para pagar el gasto público corriente.
La producción de gas sigue cayendo. En 2023 sólo se produjo 36,7 Mmcd, mucho menos que el año precedente. Lo peor es que Bolivia se ha convertido en una importadora neta de hidrocarburos, lo que significa que se debe aumentar el subsidio al consumo doméstico de carburantes y que hay más presión sobre las pocas divisas que aún tiene el Banco Central.
El sector financiero muestra claros problemas, resultado de la intervención dirigista e innecesaria del gobierno. La cartera ha caído, como resultado del descenso de los créditos empresariales y de los créditos PYMES. La mora ha crecido tanto en los bancos múltiples como en los bancos PYMES. El sector de microfinanzas –en el que Bolivia fue líder- está gravemente dañado por la intervención creciente del gobierno mediante regulaciones innecesarias.
El sector agropecuario no presenta ninguna señal significativa de diversificación productiva. Las pocas exportaciones de soya que todavía se realizan están sujetas a controles y regulaciones innecesarias. Persisten enormes limitaciones al ejercicio de la propiedad privada de las tierras, particularmente en las tierras altas del occidente del país. El régimen socialista insiste en que millones de campesinos no ejerzan su derecho pleno a la propiedad de la tierra.
Cada año se destruye aproximadamente 250.000 hectáreas de bosque. No es verdad que se deforesta para cultivar. Si así fuera, por cada hectárea deforestada tendríamos una hectárea nueva de cualquier cultivo. En la práctica, se ha deforestado alrededor de cinco millones de hectáreas de bosque, pero los cultivos sólo han crecido en menos de un millón. La diferencia es la ganancia neta de los especuladores de tierras. Bolivia es una importante emisora de gases de efecto invernadero per cápita, como consecuencia de la destrucción de los bosques.
El sector forestal sigue acusando los graves efectos de la destrucción de la institucionalidad, de la improvisación y de la fe ciega en las comunidades indígenas. Bolivia no ha logrado recuperar ni la superficie manejada, ni la superficie certificada, ni el volumen de exportaciones forestales, ni el número y calidad de los empleos que se alcanzó con el régimen forestal instalado con la ley 1700.
La industrialización promovida desde el gobierno mediante empresas estatales no responde a la demanda de los consumidores, sino a la imaginación descontrolada de los políticos. La mayoría de las plantas carecen de estudios apropiados, y lo que es peor, serán propiedad del gobierno, que intentará dar así un paso más hacia el control total de la economía.
Los servicios de comunicaciones, salud y educación son costosos e ineficientes.
El hombre y la mujer comunes que buscan trabajo no lo encuentran. 70% del empleo urbano es informal; los ingresos de los empleos urbanos son menores en 13% a los existentes en 2019.
No hay la menor duda, el “modelo sociocomunitario y productivo” nunca pasó de ser un juego irresponsable de palabras; jamás fue una propuesta seria de manejo de la economía. Sólo abrió paso a la improvisación, a las decisiones mal tomadas, que generalmente estuvieron de la mano con la corrupción.
El problema fundamental de toda economía es aproximarse al uso óptimo de los recursos escasos que tienen usos alternativos: la tierra, el trabajo, el capital. El MAS ha errado tan malamente el tiro, que no dejará al país en mejores condiciones que cuando lo recibió, sino mucho peores, pese a las inmejorables condiciones internas y externas de que gozó al empezar su gestión, en ese aciago año 2006.
¿Quién se hará cargo de este descalabro?
Una de las injusticias más grandes de la economía es que los gobernantes y políticos que producen desastres económicos nunca enfrentan las consecuencias financieras de sus decisiones. Los que pagarán el despilfarro serán inevitablemente, los asalariados con ingresos fijos en moneda nacional, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños agricultores, los propietarios de pequeñas y medianas fábricas, los que buscan trabajo por primera vez y no tienen habilidades valiosas, los que no tienen activos de ninguna clase para vender y protegerse: la inmensa mayoría. Desde el punto de vista generacional, los más viejos sólo tendrán que pagar las cuentas unos pocos años - finalmente la Parca se los llevará a todos- pero quizá antes, el régimen les arrebate los ahorros de sus vidas, que están ahora expuestos a su voracidad. Serán los jóvenes, los que durante muchos años tendrán que pagar el despilfarro y los disparates de los políticos del MAS. En este sentido también, el socialismo no es sólo equivocado, sino profundamente injusto.
¿Qué hacer?
De eso me ocuparé en otro artículo. Por ahora, sólo quiero ver que alguien le ponga los santos óleos a este moribundo.
* El autor es miembro de la plataforma Una nueva Oportunidad, que fomenta el debate plural pero no comparte necesariamente sus puntos de vista.
