Para nadie es un secreto que el conflicto interno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ido minando las estructuras partidarias del oficialismo y, además, ha dado paso a una lucha sin cuartel entre sus dos líderes. Pero, aunque ambos, con todo derecho y legitimidad, quiere derrotar políticamente al otro, uno de ellos busca hacerlo a costa del desgaste de la actual administración. ¿Querrá Evo Morales que Luis Arce no llegue a cumplir su periodo constitucional?
Por sus afirmaciones públicas, se advierte una necesidad cada vez más patológica del expresidente de retornar al ejercicio pleno y directo del poder. En este momento, Arce controla los órganos del Estado, mientras que Morales tiene que resolver su mayor problema: habilitar, nuevamente, su postulación a la primera magistratura.
El ala ‘evista’ o radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) se vino reuniendo en ampliados en los que suele aprobar medidas de presión. Es lo que hizo, por ejemplo, la federación de campesinos afín a Morales al aprobar un bloque nacional de caminos a partir del subsiguiente lunes 16 de septiembre.
En Bolivia se ha vuelto costumbre que las demandas sociales, sindicales, políticas e incluso particulares se exijan mediante la presión de los bloqueos en calles, avenidas o carreteras, sin importar si son exigencias locales, departamentales o nacionales.
Solo en el primer semestre de 2024, se ha registrado más de 50 días de bloqueos en distintos lugares, con mayor incidencia en Santa Cruz, la región más poblada del país, y Cochabamba, la sede geográfica de los cocaleros del Chapare.
El Gobierno ha calculado que, por cada día de bloqueo, se pierden alrededor de 50 millones de dólares. Un país tan pobre como el nuestro, con una crisis económica que ha motivado una devaluación no declarada, no puede permitirse el lujo de seguir soportando este tipo de medidas de presión.
El 4 de septiembre, en el marco de la celebración de su 62 aniversario, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar la crítica situación económica que atraviesa el país. Su presidente, Giovanni Ortuño Camacho, destacó la necesidad de unir esfuerzos entre el sector privado, los actores sociales y las autoridades públicas para superar las dificultades económicas que afectan a todos los bolivianos.
En ese marco, resulta hasta lógico pensar que el diálogo y la concertación deben prevalecer antes de asumir medidas que perjudiquen a la sociedad en general. Todos deberíamos apoyar el llamado del sector empresarial a que “los actores sociales y políticos, especialmente aquellos que tienen representación parlamentaria, asuman su responsabilidad y se adhieran a este objetivo”.
El derecho a la protesta está amparado por la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo, también cabe tomar en cuenta el derecho de otras personas a desplazarse y trabajar. Se necesita estabilidad económica para que la gente viva mejor.
Los hechos y la historia han demostrado que los bloqueos de caminos son la medida de protesta más antidemocrática que puede existir, y Bolivia puede dar fe, con creces, de las perversas consecuencias que han dejado a lo largo de su historia reciente.
El bloqueo de caminos, lamentablemente, ha pasado de ser una medida de protesta a una acción delincuencial que vulnera primero la CPE, puesto que atropella el derecho de los bolivianos al libre tránsito por el territorio nacional, y, después, afecta no solo al presente, por sus efectos económicos, sino al futuro, ya que frustra toda esperanza de desarrollo del turismo como una manera legal y legítima de captar recursos del exterior.
