Más allá de que el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce se apruebe o no, el debate sobre la utilidad de la subvención a los combustibles se mantiene en los términos de la madurez y la responsabilidad, es decir, sobre si corresponde o no someter a referéndum semejante decisión.
La coincidencia en los enfoques de la mayor parte de la oposición causa curiosidad. Desde Carlos Mesa, que ajustó la medida impulsada por Banzer, pero la mantuvo, hasta Evo Morales, que en el momento más poderoso de su historia intentó hacerlo y apenas tardó seis días en derogarla, insisten en que Arce, en la coyuntura actual, debería haber actuado por cuenta y responsabilidad propia.
En más o menos el mismo sentido va la posición monolítica contra la subvención adoptada por la generalidad de los actores, ya no solo de la oposición, que, sin lugar a dudas, presionan para evitarse el mal trago por si les tocara gobernar algún día.
En cuanto al Gobierno, todavía está en línea una separata especial de Ahora es Pueblo de febrero de 2024 en la que se indica que no se levantaría la subvención y, sobre todo, se recuerda aquel momento colorado de Evo Morales al que llama “neoliberal”, detallando lo sucedido en los días de 2010 cuando levantó la subvención y el pueblo montó en cólera.
A capa y espada se defendió hasta hace unas semanas los beneficios de la subvención, pero ahora se considera que provoca contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles; es, en definitiva, la base de todos los males del país, algo en lo que oficialismo y oposición parecen coincidir casi sin excepción.
El debate se está llevando de forma ciertamente interesada y conviene levantar la mirada, pues casi todos los países del mundo intervienen de una u otra manera en el precio de los combustibles o bien en el de los alimentos, que es uno de los principalmente afectados por el costo de los carburantes. En América Latina hay diez que subvencionan la gasolina, entre ellos Colombia y Ecuador, y otros que intervienen de manera indirecta, bien incentivando la actividad productiva para el mercado interno o bien regulando impuestos por actividad; ahí entran desde Chile y Argentina hasta Brasil, pero no son los únicos.
Es verdad que por lo general la inmensa mayoría de las naciones del mundo no solo no subvenciona los combustibles, sino que los gravan de impuestos, por contribuir a la construcción de infraestructuras y por aquello de penalizar el impacto al medioambiente. Pero, al mismo tiempo, ese régimen fiscal permite enfocarse en los sectores más concretos: en EEUU, sí, se subvencionan diferentes prácticas agrícolas y se bonifica el transporte en carretera de diferentes productores, y en Europa ni más ni menos que el 50% de su enorme presupuesto se dedica a la Política Agraria Común, que permite que sus agricultores produzcan solo un poco más caro que en Sudamérica, pero con calidades de vida infinitamente superiores.
No es verdad que la única salida a la crisis del país sea retirar la subvención a los combustibles; tampoco es cierto que sin ella vaya a retornar la bonanza que se perdió al no invertir en hidrocarburos, ni que la retirada vaya a ser el detonante de una hiperinflación. En economía no hay absolutos. No hay un solo camino, pero se tiene que definir bien el que se va a seguir.
