La semana pasada se informó de un caso de feminicidio seguido de suicidio que se produjo en la comunidad de Siete Suyos, municipio de Atocha, en el departamento de Potosí. Con ese crimen, el total de mujeres asesinadas por sus parejas en el país sube a 60 en lo que va del año.
El referido feminicidio todavía no figura en las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado, que no actualiza sus datos desde el pasado 25 de agosto. Hasta esa fecha, el Ministerio Público reportó 59 de estos crímenes, lo que arroja una estadística sobrecogedora: una mujer asesinada cada 218.000 habitantes y una tasa de 0,9 cada 100.000 mujeres.
En 2022, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) recogió un total de 94 mujeres asesinadas en Bolivia en todo el año, lo que daba una tasa de 1,5 mujeres por cada 100.000 habitantes y situaba al país en el noveno lugar, de entre los 32 países latinoamericanos, por encima incluso de Brasil, que tenía una tasa de 1,3 por cada 100.000 mujeres.
El caso es especialmente grave en La Paz, que lidera los promedios con 15 mujeres asesinadas de las 59 registradas en todo el país en solo ocho meses; es decir, una tasa que este año ya se sitúa en 4,16 por cada 100.000 mujeres. Si sigue la progresión constante acabará con una tasa cercana a las 6 mujeres asesinadas por cada 100.000, lo que la pondrá a la altura del país más peligroso del entorno, que es Honduras, con 6, y por encima de República Dominicana (2,9).
La lucha continúa, el cambio es a largo plazo, pero los recursos hay que movilizarlos ya, todo el tiempo y en todos los foros. No basta con esperar a los días señalados: 8 de marzo, 11 de octubre, 25 de noviembre. Todos los días mueren mujeres en todas partes del mundo sin otra razón que la de la violencia machista. Mientras tanto, en todo el mundo, y en Bolivia en particular, aparecen movimientos regresivos que quieren frenar las conquistas de las mujeres en aras de la igualdad.
En Bolivia, la Ley 348 está en el punto de mira, a pesar de que siguen siendo miles los casos de violencia que cada año quedan en la impunidad. No habrá un cambio estructural sin la movilización de una masa crítica suficiente que tumbe los paradigmas.
El Gobierno y la sociedad entera deben aunarse para fomentar la creación de ambientes adecuados en los que la mujer pueda romper su silencio, denunciar y sentirse acompañada sin miedos, sin riesgos; debe ser un acompañamiento que llegue hasta el final, en un proceso con garantías, eficiente, sin corruptelas ni chicanas, sin amigos de los amigos.
Como se ha dicho desde este mismo espacio en otras oportunidades, una de las razones para que las cifras sigan en aumento es el machismo imperante en el país; aunque, en muchas ocasiones, el término más adecuado sea la misoginia.
Todos los responsables, los que tengan algo que ver por mínimo que sea en la protección de las víctimas, promoción de la lucha contra la violencia, atención integral a las demandas y demás, deben estar concienciando y movilizándose. No basta con declarar una alerta algún mes del año y, después, no hacer más nada. Las mujeres siguen muriendo, o siendo víctimas de violencia física y psicológica.
