El avispero político volvió a agitarse desde la noche del miércoles, tras conocerse que se evitó la aprehensión de Evo Morales en un caso de supuesto estupro y trata y tráfico de menores. Como se sabe, ese actuado del Ministerio Público fue evitado mediante una acción constitucional de libertad que fue declarada procedente.
La revelación surgió por la noche y, de inmediato, no se conocieron reacciones por parte del principal acusado ni de su entorno. La versión de estos fue conocida a lo largo de la jornada de ayer.
Como era de suponer, tanto Morales como sus acólitos han negado las acusaciones, pero, además, les dieron un giro de manera que su reacción no es esencialmente jurídica, como debería ser, sino política.
Basta con aguzar los oídos y la vista para captar algunos detalles que se advierten detrás de las reacciones de lo ocurrido el miércoles.
De acuerdo con esa percepción, por las veces que han sido repetidas en labios de los radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS), las acciones en contra de Evo serían una reacción al éxito que habría tenido la marcha a La Paz que, según dicen, fue masiva y demostró la adhesión del pueblo boliviano a la causa y a la reelección de Morales. En otras palabras, el Gobierno, también del MAS, vio la marcha y tendría temor de la votación que podría obtener el expresidente, si acaso volviera a aceptarse su postulación.
De esta manera, por una parte, se desvía la atención del fondo del asunto —una acusación penal de delitos gravísimos como el estupro y la trata y tráfico de personas— y se la dirige hacia la marcha que prácticamente había pasado al baúl de los recuerdos políticos del país. Decir que esta causó temor es intentar recuperarla del descrédito en que había caído porque, mientras Morales anunciaba que un millón de personas integrarían esa manifestación de protesta, los hechos, respaldados en varios conteos creíbles, señalan que no se llegó ni al 10 por ciento de esa cantidad.
Otra de las reacciones mostradas por el ‘evismo’ tras la grave denuncia de la exfiscal de Tarija tiene que ver con una vieja conocida: la victimización, una conducta recurrente en Morales. En este caso, el exmandatario publicó un mensaje en su cuenta de X que textualmente señala que la acusación de estupro y trata y tráfico “no me extraña ni me preocupa! Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera”.
A lo largo de su carrera política, incluso antes de asumir la presidencia, Morales se ha caracterizado por denunciar supuestos intentos de asesinarlo, pero jamás presentó una sola prueba al respecto. Ciertamente estuvo preso, pero por poco tiempo. Sus anuncios de lucha junto al pueblo, el “poncho y la pollera”, colisionan con las versiones de que, en la marcha a La Paz, utilizó una vagoneta de último modelo que está registrada a nombre de la hija de una sentenciada por narcotráfico a la que él favoreció cuando era presidente. Aún no se pronunció respecto a esa otra denuncia.
En tercer lugar, los legisladores del ala radical del MAS salieron a la palestra para denunciar que se ha desatado una percusión policial en contra de Morales, por cuanto se envió personal y equipo policial al Chapare en las últimas horas y, con una rapidez sorprendente —hicieron notar ellos—, salió una orden de aprehensión contra él.
Esta versión apuntala las que señalan que en Bolivia existe persecución política y, consiguientemente, presos políticos, entre los que se suele mencionar a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. El gobernador electo de Santa Cruz fue detenido en un espectacular operativo policial.
Por último, además de los referidos, también se pronunciaron los abogados de Morales. Uno de ellos, Orlando Ceballos, exmagistrado del Tribunal Constitucional que sostiene que el fallo sobre la reelección indefinida no afecta al expresidente. Otros de sus juristas aseguran que no se está respetando el debido proceso en su caso.
Estas versiones recuerdan que otro abogado, el ahora exministro Iván Lima, denunció que Áñez fue procesada por la vía ordinaria, y no en juicio de responsabilidades, por presiones del mismo Evo Morales.
