Mientras –literalmente– nuestra Bolivia arde en llamas, la economía está en sus peores niveles fruto principalmente del modelo económico fracasado, la ya débil institucionalidad ha quedado destruida so pretexto de proceso de cambio y, el presente y futuro de la patria parece aún peor; el soberano (usted, yo, nosotros) estamos más que asqueados con el espectáculo repugnante que los gobernantes están ofreciendo con la “pornopolítica plurinashonal”.
Los escándalos sexuales y graves delitos se ventilan a diario y suman por todas las facciones gubernamentales, demostrando que aquella estrategia envolvente de la reserva moral de la humanidad era un chiste de mal gusto, pues no solo se trata de las desviaciones sexuales de su jefazo, sino de sistemáticos delitos que desde las más altas estancias del Estado se habrían reiteradamente perpetrado contra personas en alto grado de vulnerabilidad usando los recursos y medios públicos, contando con la complicidad, encubrimiento y, si es que no, coautoría de sus hermanos de la legión de atawathos, muchos de los cuales –asquerosa hipocresía e impostura– nos quieren hacer creer ahora que recién se habían estado enterando de sus habilidades nada sanctas.
Siguiendo a Sofía Montenegro, si la pornografía es el “tratado acerca de la prostitución”, la serie de prácticas que realiza un gobierno para imponer su voluntad y permanecer en el poder contra viento y marea, podrían definirse como pornopolítica. Quien promueve tales prácticas sería un proxeneta o un rufián que obtiene beneficios obligando –por amenaza, extorsión o soborno– a las personas a vender su cuerpo.
Si a ello le añadimos, como por el momento ya lo acreditan más allá de toda duda razonable varios certificados de nacimiento, que no se trataba simplemente de permanecer en el poder metiéndole nomás, sino de “disfrutar de los beneficios” del poder en su insano criterio para perpetrar una serie de graves delitos contra niñas y adolescentes (estupro agravado, trata, organización criminal y violación, por lo menos), estamos ante el peor escenario de degradación personal e institucional. Ni hablar de quienes siguen degradándose defendiendo lo indefendible, bloqueos incluidos anunciados desde hoy. Descarto a sus 200 abogados que dicen estar listos para asumir defensa técnica (se darían cabeza con cabeza); pues, aunque nos desagrade, entiendo estarán haciendo su trabajo técnico, más allá de hasta sus cómicos argumentos que en vez de ayudar, perjudican.
No olvidemos que la Ley No. 263 precisamente denominada contra la trata y tráfico de personas fue promulgada por el entonces presidente Evo Morales el 2012 e introdujo el delito de tráfico y trata de personas al Código Penal, contra quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por si o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional aunque mediare el consentimiento de la víctima, con algunos –por ejemplo– de estos fines: cualquier forma de servidumbre, embarazo forzado, matrimonio servil, unión libre o de hecho servil. El delito tiene además una forma agravada cuando el agente sea pareja de la víctima o servidor público y/o la víctima sea niño, niña o adolescente.
Y por si acaso –alguna colega ha dejado asombrados al resto de los abogados– el delito de estupro castiga a quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona mayor de 14 y menor de 18 años; su forma agravada prevé –por ejemplo– cuando hubiera mantenido una relación análoga de intimidad, dependencia o autoridad, quedará embarazada o hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad. Es además elemental, que una menor de aquella edad no puede otorgar su consentimiento válido, porque además del simple sentido común el legislador presume su invalidez, se llama “Ope Legis”: por orden de la ley.
Como señala Juan Luis H. González, estamos: “…como en una película porno, aquí no hay argumentos, ni plan de acción, ni historia que contar, solo instintos y anhelos que se muestran abiertamente a cualquier espectador” y más allá de presumir la inocencia de los investigados como personas, hasta el momento los hechos nos están mostrando y más allá de duda razonable (por ejemplo, computando las edades de las madres y el padre y, la fecha de nacimiento de sus vástagos) que en el estado “plurinashonal” se había y por lo visto sigue, la pornopolítica institucionalizada. Es que ya lo sentenció Lord Acton: “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Además de pervertir, por supuesto.
