El ala radical del MAS reactivó su ‘Estado Mayor del Pueblo’ para movilizar a sus bases desde el momento en que la Fiscalía de Tarija anunció una orden de aprehensión contra su líder, Evo Morales. Y, entonces, decidieron bloquear el país.
Luego, en una serie de contradicciones, unos dirigentes arguyeron que, en realidad, la medida de protesta se debe a que el Gobierno no atiende su pliego de peticiones. Pero otros, abiertamente, reconocieron que convocaban a bloqueos para evitar que Morales sea detenido.
La cuestión de fondo aquí es que, en esta oportunidad, se bloquea el país para defender a un ciudadano —en este caso, el expresidente Morales— acusado de delitos graves: estupro y trata y tráfico de personas, nada menos que por tener relaciones con menores de edad, algunas de las cuales —según las denuncias— resultaron embarazadas.
La Policía no ha recibido la instrucción de aprehender al señalado por semejantes delitos, de acuerdo con una declaración que hizo ayer el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Antes, hubo un escándalo interno dentro del Ministerio Público, después de que la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, salió a denunciar que la habían destituido de su cargo desde la Fiscalía General del Estado, en Sucre, precisamente por impulsar el caso contra Morales.
En medio de todo eso, la aprehensión del susodicho fue evitada mediante una acción constitucional de libertad que fue declarada procedente por una jueza de Santa Cruz, lo cual provocó el repudio del ministro de Justicia, César Siles, y también de buena parte de la población.
Lo cierto es que un asunto judicial grave, como es el referido a la pedofilia de un exmandatario, pasó prontamente a las carreteras en formas de medidas de protestas y no solo que se politizó, sino que se enlodó al pretender camuflarse como una acción social legítima.
Cuesta creer que haya gente que no comprenda que cualquier persona, sujetándose a la Constitución y las leyes, como corresponde en toda democracia y en todo sistema judicial que se respete, debe responder ante una denuncia en su contra. Morales no se presentó a declarar cuando fue convocado en Tarija y, esa se constituye en una primera desobediencia que debió ser sancionada; pero, hasta ahora, nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Alguien tendría que responder a esa pregunta y dar una explicación a la ciudadanía.
Con la politización de un caso policial en el que aparecen involucrados el expresidente Morales y una menor de edad —que se suma a varias más, de denuncias previas—, todo actuado judicial se tiñe de colores político-partidarios y la justicia termina sumiéndose en un mayor descrédito del que ya viene arrastrando hace años, sino décadas.
El país merece seriedad en el tratamiento de estos procesos, en primer lugar, por respeto a la dignidad de las personas. Más aún cuando esas personas son menores de edad.
