Durante la semana que termina, el Estado boliviano, representado por sus coyunturales autoridades de los órganos públicos, no ha podido evitar que se mediaticen dos hechos que son sustanciados en la administración de justicia y que, a pesar de sus diferencias, están relacionados entre sí: el juicio denominado “Golpe de Estado I” y las reflotadas acusaciones de delitos sexuales en contra del expresidente Evo Morales.
Como prolegómeno a estos acontecimientos llegaron unas declaraciones de Morales quien, con pasmosa naturalidad, admitió que el procesamiento de la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria fue una decisión política asumida en una reunión en la que él participó y en la que prácticamente impuso su punto de vista.
Los delitos cometidos por altas autoridades del Estado en el ejercicio de sus funciones deben ser procesados en un juicio de responsabilidades, en el que el Órgano Legislativo se convierte en tribunal colegiado. Este mecanismo se aplica a cualquier ciudadano que haya ejercido esos cargos, sin importar cómo haya llegado a ellos. El caso más conocido hasta ahora en Bolivia es el de Luis García Meza que, después de haber llegado a la presidencia mediante un golpe de Estado militar, fue sometido a un juicio de responsabilidades que acabó con una sentencia condenatoria.
Áñez debió haber sido juzgada por esa misma vía, pero Morales se impuso en la reunión de marras con su criterio de que sea sometida a tribunales ordinarios, es decir, al dictamen de jueces de instancias inferiores.
Tal decisión política ha sido considerada por opositores como un acto de venganza, antes que de búsqueda de justicia.
En ese mismo juicio, que por lo apuntado está viciado de nulidad, han sido incluidos el gobernador titular de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el expresidente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, con cuya detención el Gobierno emitió claros mensajes de amedrentamiento a sus adversarios políticos. A los nombrados se les acusa de haber protagonizado un golpe de Estado contra Morales en octubre y noviembre de 2019.
Pero, desde aquella reunión mencionada por Morales a la actual coyuntura ya ha corrido mucha agua bajo el puente y ahora el MAS está dividido. Y como consecuencia de la pugna intestina, han reflotado acusaciones que se presentaron contra el expresidente en 2020 y que, en su momento, fueron cerradas mediante el Ministerio Público, convertido en un vulgar instrumento del ejercicio del poder en manos de los detentados del Órgano Ejecutivo.
La cuestión es que Áñez, Camacho y Pumari fueron llevados esta semana ante un tribunal ordinario. La primera salió airosa esta vez por una cuestión elementalmente jurídica: no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Pero, mientras eso ocurre en los tribunales, el Ministerio Público volvió a mostrar su sometimiento, ya ni siquiera a un gobierno sino a una persona.
Se rechazó el pedido de arraigo de Morales, pese a sus antecedentes de fugitivo, y no se dispuso su aprehensión, pese a que está sumando delitos con su muy perjudicial bloqueo de caminos. El dirigente cocalero sigue paseándose campante en su feudo del Chapare y, ese es el más grande y peligroso mensaje de impunidad que está leyendo el pueblo boliviano.
