Los bloqueos de caminos se extienden ya por 13 días y nada indica que la actitud radical de los bloqueadores de Evo Morales vaya a cambiar. En las últimas horas, el Gobierno denunció que incluso están deteniendo el paso de ambulancias y medicamentos.
Quienes llevan adelante esta medida de presión lo hacen para exigir que no se detenga a Morales, acusado de los delitos de estupro y trata de personas. Mientras el exmandatario no es aprehendido, pese a que en su momento se emitió una orden en ese sentido en Tarija, se somete a juicio a líderes y representantes de la oposición política, como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Cuando estallaron las protestas de 2019 contra el fraude electoral cometido por el entonces presidente y candidato Morales, al hoy gobernador titular de Santa Cruz y al expresidente del Comité Cívico Potosinista les tocó ponerse a la cabeza de las movilizaciones ciudadanas, en sus respectivas ciudades. Cabe recordar que Camacho presidía el Comité pro Santa Cruz.
En cuanto a Pumari, fue él quien denunció, en transmisiones difundidas por redes sociales, que se había cometido el mencionado fraude, y mostró ánforas con papeletas previamente marcadas que estaban guardadas en un lugar diferente al Tribunal Electoral Departamental de Potosí.
Las protestas llevaron a Morales y a su vicepresidente y también candidato Álvaro García a renunciar a sus cargos; optaron por salir huyendo del país. Luego, se dio una sucesión constitucional hasta llegar a la senadora Áñez, en la actualidad encarcelada en La Paz.
Una vez posesionada, los cuatro poderes u órganos del Estado siguieron funcionando normalmente: no hubo la figura del “golpe de Estado”. Incluso el denominado primer poder, el Legislativo, fue presidido por una senadora del MAS, Eva Copa, y ese partido mantuvo su mayoría.
Debido al fraude electoral, el gobierno de Áñez pudo iniciar un proceso contra el MAS, pero no lo hizo, alimentando las sospechas de un arreglo para permitirle que conserve la sigla. En las siguientes elecciones, el MAS volvió a ganar, entonces con Luis Arce, y, una vez que este partido recuperó el control del Estado, desató una cacería de brujas. Basta recordar las características de los operativos policiales desplegados para proceder con las detenciones de los dos políticos mencionados, además del cívico Pumari. Eso fue un claro mensaje de amedrentamiento.
Se les llama detenciones “preventivas”, pero se prolongan por meses o años hasta convertirse en auténticas penas de cárcel… sin sentencia. Pumari, por ejemplo, fue detenido el 9 de diciembre de 2021 y ya lleva preso casi tres años. Después de todo ese tiempo, el juicio del ‘caso Golpe I’ ha comenzado, por fin, en La Paz, y trasladaron al exlíder cívico hasta la sede del Gobierno con un despliegue policial que no se emplea para levantar los bloqueos.
Ayer, como resultado de la presentación de un incidente, se supo que la acusación de la Fiscalía de Santa Cruz contra Camacho estuvo mal hecha por lo que, durante todo este tiempo, el gobernador de ese departamento ha estado detenido por una imputación defectuosa. La acusación estuvo mal hecha no solo en el caso de Camacho, sino también en el de Pumari. Donde flaquea la imputación es en el delito de terrorismo, pues las conductas de ambos no se ajustan a ese tipo penal. Las imputaciones deben corregirse este viernes.
Mientras esto pasa en el ámbito de la justicia para opositores, los bloqueos dirigidos por un político oficialista continúan y su principal instigador, en apariencia distanciado del ‘arcismo’, clama por respeto a los derechos de los bloqueadores.
