Por lo que está pasando actualmente en el país, claramente la ley penal no se está aplicando de manera igualitaria ni equitativa. Mientras políticos de la oposición —los más notorios: Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari— han sido sometidos a la acción de la justicia de una manera desproporcionada en relación con los delitos por los que se les acusa, el expresidente Evo Morales encabeza un bloqueo —que cumple ya dos semanas— con dos propósitos centrales: su habilitación como candidato a la presidencia y evadir las acusaciones de abusos sexuales que pesan en su contra.
Quienes bloquean en una veintena de lugares, la mayoría en el departamento de Cochabamba, cometen delitos. No solo porque están privando a ciudadanos de su derecho a circular libremente por el territorio nacional, sino porque están causando un daño económico. Eso sin contar que, tal como quedó evidenciado en videos que circulan en redes sociales, usan armas de fuego y atentan contra la vida de efectivos de la Policía.
Además, han atacado y amedrentado a periodistas, violentando la libertad de prensa y de expresión, en la región de Parotani.
Por si fuera poco, diariamente, lanzan amenazas a través de los medios de comunicación social y los hechos demuestran que han cumplido varias de ellas. Se encuentran desde hace 14 días en una condición de ilegalidad y, por lo visto, a pesar de las advertencias, pretenden mantenerla. ¿Por qué no se aplica la ley contra ellos?
El nuevo Fiscal General del Estado ha dicho que actuaría solo después de que la Policía tuviera aprehendidos. Pero también puede actuar de oficio.
En la Ley Orgánica del Ministerio Público, del 11 de julio de 2012, paradójicamente firmada por Evo Morales, el Artículo 8°.- (Promoción de la acción penal pública) dice lo siguiente: “I. Las y los Fiscales, bajo su responsabilidad, promoverán de oficio la acción penal pública, toda vez que tengan conocimiento de un hecho punible y donde se encuentre flagrancia”.
Hasta ahora, dos semanas después de iniciados los bloqueos que tienen aisladas a poblaciones bolivianas y con millonarias pérdidas económicas, lo cual afecta a prácticamente todos los sectores productivos del país, se ve que no hay igualdad ante la ley. Un ciudadano, Evo Morales, está imponiendo su capricho por sobre los derechos de 11,3 millones de personas.
Es una realidad incontrastable que por supuesto no solo atenta contra la estabilidad democrática sino que debilita la estructura de un Estado que se basa en una Constitución vulnerada, a esta altura, minuto a minuto y a los ojos de todos.
Bolivia es una nación a la que le ha costado formarse. Su dependencia administrativa colonial, primero del Virreinato del Perú y después del de Buenos Aires, dio lugar a una disputa que se resolvió en 1825 con la decisión de no seguir dependiendo de nadie. Y precisamente eso es lo que se celebrará el próximo año con el bicentenario.
Todos los avances en materia jurídica que se han conseguido a lo largo de estos dos siglos, como, por ejemplo, la delegación de la administración de justicia a un poder judicial encabezado por la Corte Suprema, ahora llamada Tribunal, están en riesgo. Y todo por el egoísmo y la irresponsabilidad política de una persona.
