Leales al expresidente Evo Morales cumplen su día 18 de bloqueo nacional, sobre todo, en el departamento de Cochabamba. A un principio, reclamaba “contra la crisis económica”; luego, contra la orden de aprehensión de su líder político, en el marco de las investigaciones por delitos relacionados con infantes; ahora, también exigen la renuncia del presidente Luis Arce.
La denuncia en torno al delito de trata de personas, es decir, por ofrecer menores a cambio de beneficios, está acompañada de pruebas documentales, pues en Yacuiba hay una niña inscrita en el Registro Civil cuya madre tenía apenas 15 años en el momento de la concepción.
Se trata de una acusación que ya saltó en 2020 y se suma a la que se interpuso, en ese momento, por otra relación del expresidente con otra jovencita, que entonces tenía 19 años, Noemí Meneses, y que ninguna de las partes involucradas han negado nunca.
Las denuncias fueron entonces aireadas de manera pública, especialmente la de Noemí, que se acompañó con numerosas fotografías por parte de los personeros de aquel gobierno, dejando en evidencia que había un interés mayor en destruir políticamente al expresidente que en esclarecer la verdad o proteger a la víctima.
El caso de Yacuiba tuvo menor impacto por dos motivos: La madre de la criatura no dudó en exhibir su máxima lealtad a Morales, y, al mismo tiempo, las normas permiten inscribir al padre aun sin su consentimiento, siendo este quien debe demostrar que no lo es. Si realmente el entonces presidente no era padre de esa niña, pudo solicitar un examen de ADN que, si descartaba la paternidad, también hubiera descartado definitivamente la acusación de estupro. Si no lo hizo, perdió la oportunidad y su aparición como padre en el certificado de nacimiento de la menor se ha convertido en cosa juzgada.
El meollo de este caso es que se trata de una menor y, por tanto, de un delito de orden público cuya investigación dependía del Ministerio Público, incluso si no había colaboración de la familia.
Ya levantaba sospechas el hecho de que la Fiscalía General del Estado no hiciera nada para investigar a Morales después de años de denuncias en su contra. En las últimas semanas, tras el impulso de un caso por parte de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, desde aquellas oficinas en Sucre procuraron sacar del juego a esa autoridad y, en principio, lo consiguieron. Pero luego, la justicia le dio la razón a Gutiérrez y tuvieron que restituirla en el cargo.
La fiscal salió airosa de su pugna con el exfiscal general Juan Lanchipa, pero desde entonces no se sabe nada de la investigación contra Morales, so pretexto la reserva del caso. Primero dijo que la reserva duraba hasta el viernes pasado, después hasta este miércoles. Al final, se limitó a declarar que el exmandatario está obstaculizando las averiguaciones.
Hay toda una maraña política detrás de este tema, que debería ser tratado desde el punto estrictamente jurídico. Pero, no conviene olvidarse de lo central: Una niña de 15 años tuvo una hija condicionando el resto de su existencia, libertad y capacidad de decisión. A nadie parece importarle esto lo suficiente, mucho menos a los seguidores de Morales que, sin siquiera ponerse a analizar el fondo del asunto, se limitan a defender a su líder bajo el argumento de que el caso se ha reactivado con el fin de sacarlo de la carrera electoral, rumbo a 2025. Hoy por hoy, al menos, Morales no está habilitado para ser candidatos en las elecciones generales.
Los bloqueos sirven para encubrir a una persona investigada por delitos graves y, además, con ese motivo espurio, tienen secuestrada a buena parte del país. Ojalá abandonen la insensatez y no provoquen una convulsión social generalizada...
