Desde temprano, el 27 de octubre de 2024, los uruguayos habilitados para ejercer su derecho al voto acudieron a las urnas para escoger su preferencia. La población sabía que los resultados serían transparentes; se difundirán según el plan previsto hasta la posesión del nuevo mandatario el próximo 1 de marzo. Una masiva concurrencia no temía violencia ni presiones.
“Unas elecciones aburridas” me comentó un amigo corresponsal. El respeto a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos no ocupa los titulares de la prensa internacional. Los dos candidatos con mayores probabilidades representaban a corrientes de centro izquierda y de centro derecha, con leves diferencias en sus programas.
Uruguay realiza elecciones cada cinco años y la reelección inmediata está prohibida. En las últimas décadas se han sucedido gobiernos de los partidos tradicionales Colorado y Blanco y de la tercera fuerza que emergió en los años 70, el Frente Amplio. Mantienen su Parlamento abierto y hasta el momento no hay denuncias de fraudes en comicios nacionales o municipales y los elegidos conviven en relativa tranquilidad.
Uno de sus últimos mandatarios, José Mojica, se retiró con un amplio índice de popularidad. Exguerrillero, en ningún momento planteó que “el pueblo” le pedía reelegirse. Cuidó durante su mandato las medidas económicas de sus predecesores, aunque eran de otros partidos, igual que su adversario Luis Lacalle Pou respetó las medidas sociales de “Pepe” que habían sido beneficiosas para la población.
El Estado uruguayo publica los presupuestos de las campañas de cada partido; las donaciones que recibe, las contribuciones. Todas las personas, dentro o fuera del país, tienen acceso a verificar el total de los habilitados para votar y a los resultados desagregados. Todos los canales difunden sus tarifas para las propagandas políticas.
Al final de la jornada, se conocieron los resultados, sin apagones de luz ni denuncias de fraude. Los uruguayos se fueron a dormir con la certeza de tener una democracia donde las reglas se respetan. Reglas que ayudan que estos años, junto con Panamá y Chile sus ciudadanos gocen un PIB per cápita mayor de 30 mil dólares.
Uruguay, igual que Chile y Costa Rica, otro país con reglas democráticas, aparece en los primeros peldaños de la esperanza de vida de sus ciudadanos. Los chicos chilenos, uruguayos y ticos ocupan los mejores lugares en escolaridad. Son países que invierten en educación y sus ciudadanos leen, escriben, compran periódicos y libros, piensan.
El Índice de Desarrollo Humano de Uruguay está entre los “Muy Altos” del continente y entre los primeros 50 del mundo. Chile es el que encabeza. Uruguay es el país que tiene mejor posición en el Índice de Percepción de Transparencia; Chile ocupa el tercer puesto.
Ese mismo domingo 27 de octubre, mes fatídico en el Siglo XXI, los bolivianos se despertaron con imágenes, noticias y gritos, muchos gritos de mujeres histéricas, de un nuevo capítulo violento. Atentado, autoatentado (según libreto del golpe/ autogolpe), operativo antinarcóticos, abortado plan policial, toma de cuartel, quema de vehículos. Vagonetas blindadas prestadas por empresas extranjeras a un exmandatario boliviano. “Yo disparé. “No, no fui yo, fueron ellos, no sé hablar bien castellano.”
Asunto que abrió por varias horas las páginas digitales de la prensa boliviana y de la prensa internacional. Intento de magnicidio contra un indígena. Fascismo en acción, tuiteó un presidente del continente. Conmoción. Solidaridad del Grupo de Puebla.
El Estado Plurinacional de Bolivia está en el puesto 120 del ranking mundial en el Índice de Desarrollo Humano (2024) (el peor del subcontinente) después de tres lustros de bonanza económica (por factores endógenos). El PIB más alto es de USD 3.736.
Las provincias de Tiraque (Shinahota, Lauca Ñ), Chapare (Sacaba, Colomi, Villa Tunari, Villa 14 de septiembre), Carrasco (Totora, Chimoré, Ivirgarzama, Puerto Villarroel) mantienen bajos niveles de educación y de permanencia escolar. La capacidad de sus jóvenes para comprender un texto o realizar una operación matemática ni siquiera aparece en los reportes mundiales. En toda la centuria, los municipios no estrenaron bibliotecas. No aparecieron mecenas para apoyar el desarrollo de las artes.
¿Cuántos leerán periódicos? ¿Cuántos tendrán libros de historia en su casa, en su colegio? ¿Cuántos escucharán otra emisora que no masque coca? ¿Cuántos emitirán libremente su voto?
Sus habitantes no vivirán más de 63 años, en promedio. No tienen ningún hospital destacado. ¿Cuántas jóvenes abortan clandestinamente? ¿Cuántas cuentan con parto seguro? ¿Sabrán que una prueba de ADN confirma la paternidad de algún sujeto? Es más barata que el costo de 1.500 millones de dólares en 16 días de bloqueos.
Parece que a alguien o a alguienes conviene que la mayoría de la población se mantenga en índices de pobreza o de pobreza extrema, ignorante. La circulación de vehículos que valen más de 80 mil dólares es para unos pocos; igual que otras expresiones de lujo y de lujuria.
La producción agropecuaria abarca varios ítems; también hay pesca, productos perecederos. No han podido consolidarse fábricas de alimentos. Ahí no llegó “el proceso de industrialización”.
Hubo una gran oportunidad para llevar ese fruto del trabajo honrado a todo el país y más allá de las fronteras. Sin embargo, los continuos cortes de rutas han alejado el proyecto del Corredor Vial Bioceánico, el sueño de tantos cochabambinos, de tantos cruceños, de Joaquín Aguirre, de Ivo Kuljis, de las cámaras industriales. Los caminos son dinamitados, destrozados. Cada acto, que parece tan sublime para los que creen en “rituales de sangre” cuesta la esperanza de generaciones.
La toma del aeropuerto anula para siempre la categoría de “internacional” que ya era dudosa para una pista donde solo aterrizan unas avionetas extraviadas.
La noche del domingo 27, los bolivianos se fueron a dormir llenos de incertidumbre. ¿Lograré mañana llenar el tanque de gasolina? ¿Habrá paro de transportistas? ¿Conseguiré pollo? ¿Dónde comprar dólares para enviar a mi hijo que ha migrado como miles de jóvenes?
Los trabajadores legales se enteraron entre líneas que el gobierno les quitará otro poco más de su salario para financiar la “jubilación solidaria”, la de cocaleros o personas que nunca pagaron impuestos. Noticia, que, como otros graves asuntos, quedó enterrada bajo las notas sobre peleas políticas.
La única certeza que queda a los bolivianos es que su gobierno es un gobierno de opas, de opas irresponsables.
