A la vista de los últimos acontecimientos y especialmente sus desesperadas reacciones incluyendo nuevos delitos, no queda duda alguna que el cocalero ha quedado totalmente acorralado no solamente geográficamente en el vecino estado cocalero del Chapare, sino lo que le es peor, en cualquier otro ámbito como el político, jurídico y hasta personal. Más allá que jurídicamente no puede intentar siquiera otra re postulación; en la realidad y al fondo, su persona e imagen –algo imprescindible para cualquier candidato– resulta a esta altura del partido completamente inviable por sus reiterados dislates y escándalos, lo que explica su confinación en su bunker cocalero para intentar salvar los pocos trastos que le quedan. Y a las pruebas me remito:
En lo jurídico, por Control de Convencionalidad, insisto en mi postura varias veces aquí expuesta que ya la Corte Interamericana de DDHH por su célebre Opinión Consultiva No. 28/21 de 7 de junio de 2021 ha sepultado definitivamente sus delirios totalitarios para empernarse sine die en la presidencia por más de 2 períodos consecutivos o discontinuos. Luego además el muy cuestionado Tribunal Constitucional le remató con su SCP No. 1010/2023 S4, aunque anteriormente por su tristemente célebre esperpento jurídico (SCP No. 84/2017) aquellos juristas del horror le habían “inventado” ese “derecho humano”.
Estando ya zanjado el tema desde la justicia internacional con lo que obliga a nuestros agentes estatales y las responsabilidades ulteriores que implica, muy poco deberían hacer actuales o nuevos juristas del horror desde aquí adentro; lo que explica en parte las graves dificultades que se tienen para realizar las elecciones judiciales, pese a su demostrable fracaso como sistema de elección de altos cargos jurisdiccionales.
Si a lo anterior le añadimos los gravísimos problemas penales que ha comenzado a enfrentar al haber perdido todo el desmesurado poder que ostentó y pese al inocultable encubrimiento que aún persiste con menor fuerza de algunos sus aun serviles operadores, su futuro personal y político son altamente inviables. No se trata de delitos de corrupción o algunos otros vinculados que con su clásica victimización podrían ser tratados sin mucho éxito de calificarse como políticos, etc; sino de sistemáticos delitos comunes contra el bien jurídico de la libertad sexual de niñas y adolescentes que desencadenan el repudio y asco de cualquier ser humano medianamente pensante (salvo de sus sometidos fanáticos) y lo peor para el cocalero, los elementos probatorios disponibles ampliamente ventilados en las RRSS, nos están mostrado su ocurrencia: el simple análisis y cotejo de fechas y edades (del agente, de las víctimas y sus hijos) contenidas en los certificados de nacimiento expedidos por el órgano público competente, muestran con probabilidad de autoría por lo menos el delito de estupro.
Sí además, sumamos que por sus expresiones públicas para no presentarse ante la Fiscalía a declarar (pese a que la anterior y la actual administración Fiscal no está cumpliendo con la debida diligencia investigativa como le obliga la jurisprudencia interamericana en casos de violencia sexual contra niñas) y su inocultable obstaculización del avance de la investigación, incluyendo su actual bloqueo de carreteras y otros que suman nuevos delitos; se tiene demostrada más allá de toda duda razonable la probabilidad de autoría de esos delitos investigados, además del riesgo de fuga y obstaculización, con lo que cualquier fiscal objetivo y Juez independiente, tienen la mesa servida para requerir su detención preventiva y ordenarla.
Si seguimos sumando, añado otras evidencias de su inocultable acorralamiento: instancias de la defensoría de la niñez en Cochabamba anunciaron contar con otros casos similares que estaban por o habrán ya sido presentados ante instancias Fiscales y desde Argentina, acaba de revelarse que también existe un proceso penal en trámite por similares delitos y perversiones perpetrados durante su huida y refugio allá, lo que asomaría una probable extradición.
Además, recientemente la Comisión IDH ha presentado ante la Corte IDH el caso de la Masacre de Las Américas –se avecina también la Masacre de La Calancha– y si bien esa instancia juzga estados y no personas individuales, lo que se ventile en ese proceso seguramente el año entrante, podría -especulo- derivar entre otras consecuencias el juzgamiento interno del cocalero que ya confesó haber dado la orden del operativo que terminó en esa masacre o lo que es peor, ante la Corte Penal Internacional. Es que la justicia aunque tarda mucho, al final llega no más.
Así el estado del arte queda claro que el cocalero ha quedado acorralado en su estado cocalero del Chapare y no solamente desde lo jurídico sino lo que le es peor, desde su viabilidad moral y personal cómo personaje púbico. Por mucha capacidad letal que en su desesperación aun siga ejecutando mandando a sus huestes a bloquear, tomar cuarteles militares y demás destrucción que es lo único que puede ofrecer a estar altura de su inexorable degradación; al final del día cumple aquello que sentenció hasta su propio Abogado, el Maestro Zaffaroni de sus 200 que indica le estarían defendiendo: “El Derecho que no juzga al criminal contra la humanidad pierde fuerza ética, y aunque ninguna sentencia lo diga y las pocas que hubo lo disimulen con inventos, debe reconocer que la impunidad lo dejó en condición de no persona”.
