Pese al enorme daño causado a la economía nacional, los bloqueos desatados por los intereses personales de Evo Morales están sirviendo para asumir conciencia de muchas cosas, entre ellas la necesidad de penalizar esas actitudes. Otro hecho que ha quedado en evidencia es el odio manifiesto que el expresidente tiene hacia el periodismo boliviano.
Desde que ganó las elecciones de 2005, Morales dejó de quedar en bien con la prensa y, por el contrario, comenzó a atacarla frontalmente. Ya es histórica su participación en el Quinto Encuentro Mundial de Intelectuales Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado en Cochabamba en junio de 2007, donde pronunció un discurso en el que dijo que su principal enemigo eran los medios de comunicación social. A partir de entonces, su historial de confrontaciones al periodismo es largo y su característica ha sido el odio.
Lo que ha estado pasando en los últimos días forma parte de ese historial.
Las recientes agresiones contra periodistas en Parotani, Bulo Bulo y Mairana exigen nuestra más rotunda condena. Los bloqueadores afines a Morales han traspasado límites inadmisibles, llegando al extremo de retener a reporteros, golpearlos y hasta amenazar con quemarlos vivos. Estos actos son una violación no solo a los derechos de los periodistas, sino de toda la ciudadanía a ser informada de manera imparcial y veraz.
Durante los últimos 21 días, más de 20 periodistas han sido agredidos en los puntos de bloqueo, acusados de ser una “prensa vendida” e incluso privados de sus herramientas de trabajo. Las escenas de violencia en Mairana, donde los periodistas fueron tomados como rehenes y amedrentados, muestran una amenaza latente a la integridad física y emocional de quienes solo cumplen con el deber de informar. Esta situación refleja una intolerancia inadmisible que debe ser denunciada y sancionada.
La labor de la prensa no tiene color ni bando. Cumple con el propósito fundamental de mantener a la ciudadanía informada, sin distinción de ideologías. Al atacar a los periodistas, los bloqueadores no solo atentan contra sus vidas, sino que también erosionan uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática: la libertad de prensa. Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, los trabajadores de los medios sean tratados como enemigos simplemente por cubrir los hechos, sin tomar partido.
Tanto la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) han expresado su repudio y declarado el estado de emergencia ante el riesgo que corren sus miembros en estos puntos de conflicto. La intolerancia es tal que hasta el presidente Luis Arce ha condenado enérgicamente esta violencia y ha advertido que estos hechos no quedarán impunes. Sin embargo, más allá de las palabras, el Estado debe asumir un rol activo y garantizar la seguridad de todos los periodistas en el ejercicio de su trabajo, independientemente de la línea editorial de sus medios.
Los bloqueadores deben entender que el periodismo no es un adversario. La labor informativa es un derecho constitucional que debe ser protegido y respetado, y las agresiones son delitos que deben ser castigados. Es momento de exigir un compromiso de todos los sectores para respetar el trabajo de la prensa, y al mismo tiempo demandar que el Gobierno implemente las medidas necesarias para preservar su seguridad.
Es un deber moral y político condenar la violencia y proteger el derecho a informar. No solo la credibilidad de los medios está en juego, sino también la vida de quienes cada día ponen su integridad en riesgo para que los bolivianos estén informados. Son suficientes motivos para actuar con efectividad de una vez por todas.
