A poco menos de un año del Bicentenario de Bolivia, surge una inquietud ineludible: ¿debemos revalidar el contrato social entre el Estado y las regiones? En los 199 años desde nuestra independencia, Bolivia ha enfrentado el desafío constante de construir una identidad nacional sobre un territorio vasto y diverso. Las divisiones geográficas, culturales y étnicas han sido tanto una riqueza como una barrera para nuestra cohesión nacional. Hoy, en medio de una crisis política y social, las fracturas regionales parecen estar más al borde del quiebre que nunca.
Desde la fundación de la República, la estructura institucional de Bolivia ha enfrentado tensiones entre el poder central y los deseos de autonomía de las regiones. Se suponía que la Asamblea Constituyente sería el espacio donde se resolverían estos dilemas históricos. Sin embargo, ante una desconexión cada vez más profunda entre la ciudadanía y los políticos, esta oportunidad se ha desvanecido. Hoy en día, la Asamblea Constituyente parece más una quimera que una realidad, un sueño roto por las distancias entre la gente y sus representantes.
La Constitución actual concede autonomía departamental, pero esta autonomía ha sido, en gran medida, simbólica. La administración de recursos sigue controlada por el poder central, generando resentimiento en regiones que se sienten marginadas. A la vista de esta realidad, propongo abrir un debate profundo sobre el contrato social, uno que permita a cada región expresar sus necesidades y expectativas de forma genuina. La Asamblea Constituyente debería haber sido el lugar para resolver estas cuestiones, pero, ante la desconexión política, es urgente reconstruir las vías de consenso desde los ámbitos regionales y civiles.
Es crucial comenzar por sanar las heridas abiertas de una Bolivia desigual y fragmentada. Solo así se podrá cimentar el camino hacia un nuevo acuerdo social y nacional, construido desde las bases, para que los políticos finalmente comprendan la necesidad de una Asamblea Constituyente inclusiva y legítima. Esta debe ser una Asamblea que realmente dé espacio a las discusiones regionales y no solo a los intereses de una clase política que, en muchos casos, parece desconectada de las realidades que enfrenta el pueblo boliviano.
El próximo año, cuando Bolivia celebre su Bicentenario, el país tendrá la oportunidad de demostrar al mundo una visión renovada de nación. Revalidar el contrato social significa comprometerse a construir un futuro donde cada región, cada cultura y cada comunidad florezca en condiciones de igualdad y respeto mutuo. Aprovechemos esta ocasión para unificar el país, respetando nuestra diversidad y creando una Bolivia más justa, fuerte y verdaderamente democrática.
No hay tiempo que perder. La historia nos llama a construir desde las regiones, desde la sociedad civil, el proyecto de nación que queremos.
