Estamos a punto de llegar a la mitad del penúltimo mes del año y, a estas alturas, ya es posible empezar a hacer evaluaciones.
Los perjuicios ocasionados en estas más de tres semanas de bloqueos de carreteras y actos de violencia ejecutados por organizaciones afines al ala ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) no hicieron más que agravar la situación económica que se arrastra desde hace algún tiempo. Los bloqueadores creyeron que el país culparía al presidente Luis Arce por el empeoramiento, pero los dedos acusadores, de los que no se salva el Gobierno, finalmente apuntaron sobre todo contra ellos.
Los efectos negativos de las movilizaciones tienen un impacto inmediato y creciente en las actividades de prácticamente todos los sectores productivos. Son pérdidas que, de acuerdo con estimaciones del Gobierno, sumaron más de 2.000 millones de dólares. Daño al que se debe sumar el resultante de los mercados y clientes perdidos por la desconfianza que genera el incumplimiento de los compromisos adquiridos.
Y también están los perjuicios en la economía de las familias, cuyo poder adquisitivo cae día tras día por el encarecimiento de los productos de consumo cotidiano.
Pero, hay otras dimensiones del daño ocasionado por las medidas de presión ejecutadas con el fin de conseguir los objetivos políticos y procesales de Evo Morales.
Una de las dimensiones no tangibles es la descalificación y pérdida del valor que tiene para todo ciudadano el derecho a la protesta por motivos legítimos. Esto pasa cuando quienes instruyen la obstrucción de las vías lo hacen disimulando un propósito ilegal o de interés esencialmente político-personal atribuyéndoles reclamos de alcance colectivo.
La violencia con la que los movilizados ejecutaron sus medidas de presión, atacando a las fuerzas del orden, maltratando a los viajeros y choferes varados en las carreteras, agrediendo a periodistas, secuestrando policías y asaltando recintos militares, tuvo un impacto que va más allá de sus efectos inmediatos. Eso sin contar la abierta amenaza formulada contra la autoridad del Estado y otros actos fuera de la ley. Esos hechos —a todas luces ilegales— distorsionaron y deterioraron la ya precaria confianza de la ciudadanía en el orden social. Un orden que está cada día más subvertido en un vasto territorio nacional en el que las organizaciones sindicales, sometidas a la voluntad del expresidente Morales y sus operadores, vienen imponiendo sus mandatos a punta de amenazas.
En el trópico de Cochabamba, como quedó visto, los cuarteles militares y policiales son vulnerables a las intervenciones de los cocaleros. Y los civiles que no acatan las instrucciones de ejecutar bloqueos donde se les mande son penalizados con multas pecuniarias.
¿Qué efectos tendrá en el imaginario colectivo de los bolivianos —en especial de los jóvenes— esta subversión duradera y cada vez más agresiva del orden social? Es un impacto que debiera preocupar a los gobernantes, pues sus efectos se traducirán en su capacidad de gobernar.
Por lo apuntado, resta esperar que la decisión asumida respecto a las elecciones judiciales contribuya a pacificar el país en lugar de incendiarlo todavía más. Es tiempo de contribuir a reparar los daños.
