Un Legislativo que espanta a los ciudadanos por la violencia recurrente que enfrenta a los representantes nacionales que han abandonado el debate parlamentario, una Justicia deslegitimada por la cuestionada prórroga de los altos tribunales de la nación, la manipulación política y la falta de independencia de sus administradores, un Ejecutivo sin gobernabilidad que no puede dar respuestas y soluciones a la crisis económica y social que aqueja a la ciudadanía, un Tribunal Electoral que no puede avanzar con el proceso de elecciones judiciales porque la infinidad de recursos judiciales que obstaculizan el avance de los comicios, y una ciudadanía cabreada por las penurias diarias que causa el encarecimiento general de los precios, las filas para conseguir combustibles y la angustia e incertidumbre sobre el futuro de Bolivia, encaminan al país hacia una “tormenta perfecta” de crisis económica, política y social, que constituyen el mayor desafío para el 2025.
El Estado boliviano atraviesa un proceso de desinstitucionalización de alto grado de gravedad, con sus principales instituciones deslegitimadas frente a la ciudadanía y una incapacidad cada vez más profunda para asegurar a la población los servicios mínimos que justifican la razón de ser del Estado como la libertad, la seguridad, el orden y la justicia para todos los que habitan su territorio.
La economía está siendo golpeada por la crisis de un modelo estatista que se concentró en el gasto electoralista y derrochó una de las épocas de mayores ingresos de la economía nacional, perdiendo la estabilidad que con mucho esfuerzo el país había consolidado a partir de las reformas económicas que se aplicaron desde agosto de 1985 con la promulgación del decreto 21060. Esta situación marca un retroceso de 40 años, que puede tener profundas consecuencias para el futuro pues sin estabilidad no habrá crecimiento ni desarrollo.
Si en el 2023 la principal preocupación fue la crisis de la balanza de pagos que provocó la escasez de divisas, en el 2024 la principal angustia de la gente tiene origen en la escasez de diésel y gasolina, lo cual no solo causa una molestia en el conjunto de la sociedad por las prolongadas filas que las personas tienen que realizar sino por su efecto generalizado en el deterioro económico, amenazando la seguridad alimentaria, la viabilidad de las actividades económicas que sustentan los empleos y la producción, provocando un alza inflacionaria que afecta con mayor contundencia a los productos de consumo básico de las familias de menores ingresos.
Los enfrentamientos entre ciudadanos, ya sea entre bloqueadores y bloqueados o entre quienes procuran abastecerse combustible, en sus automóviles, en motos o con bidones, marcan un peligroso precedente de violencia social frente a la ausencia estatal. Para el futuro no solo es necesario un programa económico y de reconstrucción institucional, sino también una visión clara y comprensiva de los principales focos de conflicto para evitar que los mismos se descontrolen y así se eviten hechos de violencia que rompan la convivencia pacífica entre la población.
Si bien hay muchos factores de la tormenta que no controlamos pues corresponden al ámbito internacional, como las secuelas de la pandemia, la crisis de la logística internacional, las guerras en Ucrania y el medio Oriente, debemos concentrarnos en todas aquellas circunstancias que se pueden ir afrontando para evitar una profundización de la crisis que haga aún más difícil la reconstrucción nacional que se debe encarar para superar los problemas que afrontamos actualmente.
Apostar a la salida por el desastre no es la solución. Se debe viabilizar la elección judicial en los plazos definidos por el Tribunal Supremo Electoral para recuperar la legitimidad de la justicia y resguardar el orden democrático y el estado de derecho. Es fundamental reencauzar los conflictos hacía la competencia electoral en el marco de la Constitución y la legislación vigente, alejando todo escenario de enfrentamiento entre ciudadanos y de mayores golpes a la economía nacional. Es urgente ir tomando medidas que eviten un mayor deterioro económico como la liberalización de la importación y la comercialización de combustibles pues el país no debe llegar a sufrir una crisis de inseguridad energética que se transforme en crisis alimentaria.
Los gobernantes y los principales actores políticos tienen la responsabilidad de cambiar la ruta hacia la tormenta perfecta para evitar mayores sufrimientos al pueblo boliviano.
