O, para los más “educaditos”: anomia institucional absoluta. Es lo que nuestro pobre país viene padeciendo con más fuerza desde la década anterior, producto –entre sus causas principales– del populismo que se ha ensañado con el destino del soberano; aunque hay que también admitirlo, con su permiso o por lo menos ingenuidad de gran parte de quienes en su momento creyeron y/o toleraron al trucho mesías que le metía no más, serialmente. Ahí tenemos a la vista su resultado.
No es que constituya un formidable descubrimiento el recordar que los países y especialmente sus ciudadanos, prosperan a partir del fortalecimiento de sus instituciones; aunque incluso existen quienes sostienen que las instituciones o mejor, la institucionalidad es la condición necesaria pero no suficiente, siendo además imprescindible el florecimiento de las ideas, sobre la libertad, para emprender, para producir, para autocriticarse, pero también para propender hacia altos estándares morales y especialmente, para jamás tolerar a ningún “salvador” que ponga bajo sus botas, chancletas o zapatos a las Constituciones, a las Leyes, a las instituciones o personas. Bien lo sentenció Marco Tulio Cicerón: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes”.
Pero como nuestro país es el reino del meterle no más, el estado del arte del “plurinashonal” prueba cotidianamente más allá de toda duda razonable esa deplorable situación que -ojalá me equivoqué- parece condenar a algo peor del actual desastre que no solo se asoma sino ya constituye la realidad cotidiana. Y las pruebas me remito, debiendo constar en obrados que lo hago sin pretensiones de exhaustividad:
Para solamente centrarme en el sector justicia y después para señalar un ejemplo, de la más que pésima posición que hemos logrado en el Índice Mundial del estado de Derecho 2024 preparado por el World Justice Proyect logrando el puesto 131 entre 142 países medidos, ocupando la justicia penal el puesto 141 a nivel global solo por encima de la dictadura Venezolana o la justicia civil con el puesto 139/142, entre otros más que pésimos resultados sin contar que en el rubro ausencia de corrupción logramos el puesto 141/142 solamente por encima de la República Democrática del Congo, ganándonos hasta Venezuela (136/142) o Nicaragua (129/142); resulta que ni siquiera el demostrablemente fracasado sistema de elección popular de altos cargos del sistema de administración de justicia podemos realizarlo regularmente desde el año pasado, al extremo grosero que quienes son su producto, no solamente se han auto prorrogado en sus funciones con lastre de ilegitimidad porque perdieron en esas elecciones, sino ahora torpedean el avance del proceso, desde su ilegítimo trono, sine die.
La Asamblea Legislativa que debió de haber dado la talla para evitar servirles en charola pretextos y/o causas para torpedear ese proceso de elección, no solamente les ha facilitado el resultado, sino mira de palco su desastre causado por su falta de transparencia y eficiencia en el proceso previo y, una de sus comisiones por si fuera poco, acaba de santificar la auto prórroga, rechazando el juicio de responsabilidades que se caía de maduro. Es que entre bomberos…
A partir del volteo del más que accidentado e inoportuno proceso por la SCP No. 700/2024-S4 que prácticamente devolvió a fojas cero el proceso de selección, el Órgano Electoral se hizo al machito anunciando meterle no más la elección pese a esa muy cuestionable sentencia pues proviene de quienes cesaron en su jurisdicción y competencia e incluso fallaron y siguen haciéndolo en su propio beneficio; pero la clase política les dio una palmadita deseándoles suerte, siendo muy pero muy cuestionable pese a esa ilegitimidad, que los órganos estatales se reúnan para pasarse por el forro esa SCP cuya legitimidad es, insisto, por lo menos sumamente cuestionable. ¿Una ley aunque sea corta podría borrar con el codo lo que hicieron con la mano los magistrados truchos? El ejecutivo, descaradamente interesado en mantener el desmadre y a sus serviles, ha recordado que esas sentencias son vinculantes y debieran cumplirse; con lo que al final del día, sintiéndose huérfano, el electoral reculó en su postura y anunció que cumplirá no más la “sentencia” realizando unas elecciones judiciales parciales, con lo que los prorrogados y sus colegas beneficiados, mantendrían mayoría en el TCP y, … podrían continuar con sus actividades, nada sanctas.
Y así sucesivamente, podría continuar ejemplificando el despute total señalando otros varios dislates de los abundantes disponibles, que prueban más allá de toda duda razonable que esto no es un estado sujeto al imperio del Derecho constituido por instituciones serias que cumplen regularmente sus funciones pomposamente descritas en la CPE y sus leyes de desarrollo, sino una jungla en la que crónicamente se le mete no más por encima de todo, incluyendo hasta el sentido común, peor la CPE o las leyes. “Si la miseria del pobre es causada no por las leyes de la naturaleza, sino por las instituciones, grande es nuestro pecado” (Charles Darwin).
