El tan esperando congreso de la educación terminó el viernes, en Tarija, y, aunque hubo momentos de tensión, con actos de violencia de por medio, aprobó conclusiones tan importantes como la propuesta de modificación de la malla curricular y el incremento del 10,8% al 33% del presupuesto para ese importante sector.
La modificación del currículo no es un siguiente paso, sino un intento de volver a empezar, puesto que se ha admitido que no ha arrojado los resultados esperados.
No es común que un gobierno de determinado signo político enmiende su propia ley de Educación ni siquiera en las actuales circunstancias de enfrentamientos, por eso es de valorar que desde abajo se viene impulsando la reforma de la Ley Avelino Siñani y que arriba haya habido la apertura para reconocer el fracaso y plantear cambios en ese sentido.
Y es que la Ley Avelino Siñani era efectivamente necesaria, pero se perdió demasiado en algunas reivindicaciones intrascendentes y en acomodar planteamientos importados que no han acabado de desarrollarse, pero tampoco de entenderse, por lo que todos los aspectos centrados en la pedagogía deben ser revisados y actualizados para servir al país ahora y en los próximos 20 años.
No todo ha sido un desastre, en los últimos 15 años la educación primaria y secundaria han experimentado una revalorización notoria en los aspectos más visibles: las infraestructuras públicas se han renovado prácticamente de forma completa en todo el país, se han multiplicado canchas y espacios de aprendizaje y, sobre todo, los maestros han experimentado un sustancial incremento de sueldos que les ha permitido centrarse más en el oficio y no tener que triplicar jornada para poder mantener a sus familias, aunque buena parte del problema, como señaló el presidente Arce en la inauguración del Congreso, sigue viniendo por la parte docente.
Hay unas cuestiones de matriz. La Ley prioriza la igualdad de oportunidades, lo colectivo y busca facilitar los medios para que todos los estudiantes alcancen los objetivos, valorando además el aprendizaje más allá de lo propiamente conceptual, sin embargo, la traducción literal de los objetivos llevó a que se rebaje la exigencia hasta el punto de blindar la promoción automática, algo que se ha demostrado nocivo para el sistema en general, pero, sobre todo, para el niño en particular.
En la misma voluntad de ser pioneros y vanguardistas se ha profundizado mucho en la aplicación de aprendizajes tecnológicos y a través de pantallas, que no han dejado de constituir otro fracaso profundo, en parte por la falta de herramientas, en parte por las escasas habilidades incorporadas por los maestros, como se ha admitido en el congreso de Tarija.
Finalmente, la Ley Avelino Siñani tampoco se atrevió a reducir la edad de escolarización obligatoria ni a sustituir los últimos grados por educación técnica de forma integral adelantando la edad de elección para facilitar una profesionalización y lo dejó en una suerte de éter de bachilleres técnicos que no han acabado de implementarse ni de funcionar como se preveía.
Bolivia necesita una mejor Ley de Educación, que plasme los objetivos del país y resuelva las necesidades crecientes de un mercado laboral que exige más productividad y más innovación, y también más exigencia. Cualquier cambio de paradigma debe surgir desde las aulas y no se deberían escatimar esfuerzos en ello. Encontrar el mejor momento para que el debate se centre en lo pedagógico y no en otros aspectos de la batalla cultural también será importante. Bolivia necesita mejores profesionales y, ahí, la educación es clave.
