Una realidad innegable, puesto que la sentimos todos los días, es el encarecimiento del costo de vida. Los síntomas se hicieron más evidentes con las filas para el abastecimiento de combustible y la escasez de alimentos importantes dentro de la canasta familiar como, por ejemplo, la carne.
Aunque solo duró unos días, el paro de los comercializadores de carne en Bolivia planteó un serio desafío para la economía de las familias, ya afectadas por la inflación. Esa medida de presión provocó desabastecimiento de carne de res, pollo y cerdo, poniendo en evidencia la fragilidad de la cadena productiva y las tensiones entre sus actores.
Todavía no ha quedado claro quién o quiénes son los responsables de una elevación intermitente, que no ha podido ser controlada. Los comercializadores acusan a los ganaderos de incrementar el precio del ganado en pie y, por ende, del kilo gancho, superando el techo de Bs 24,50 acordado con el Gobierno para algunas ciudades del país. Señalan aumentos de más del 40% y denuncian que las mejores carcasas se destinan a la exportación, dejando productos de menor calidad para el mercado local. Por esto, exigen al Gobierno medidas como la regulación de precios y la suspensión temporal de exportaciones.
Por su parte, los ganaderos argumentan que la crisis tiene causas más profundas: incendios forestales, sequías, desabastecimiento de diésel, encarecimiento de insumos hasta en un 35% y bloqueos de carreteras. Estos factores han elevado los costos de producción y dificultado el acceso a los alimentos. Algunos advierten que la inseguridad alimentaria ya no es una amenaza futura, sino una realidad actual.
Las soluciones propuestas parecen ser paliativos que podrían tener efectos adversos. La prohibición de exportar implicaría la pérdida de mercados internacionales y una reducción de los ingresos en dólares, vitales para la economía nacional. Asimismo, el congelamiento de precios, aunque popular, tiende a desincentivar la producción, agravando la escasez a mediano plazo.
El problema radica en una crisis estructural que afecta no solo al sector ganadero, sino también a otros ámbitos de la economía. Políticas restrictivas y de control implementadas en los últimos años han desincentivado la inversión privada, exacerbando la situación actual.
Además, es necesario examinar el rol de los intermediarios en esta cadena. Así como el precio del ganado y del kilo gancho ha subido, sería relevante conocer los márgenes de ganancia que manejan los comercializadores. No todos los carniceros apoyan el paro promovido por sus instituciones matrices; algunos piden garantías para seguir abasteciendo al mercado, conscientes de que el paro afecta directamente a los consumidores.
No se puede seguir divagando ni buscando culpables. Es fundamental que el Gobierno y los actores de la cadena productiva trabajen juntos con un enfoque técnico y estructurado para encontrar soluciones sostenibles.
