El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU en 1999 en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, y fueron emboscadas y asesinadas un día como hoy, pero de 1960.
Lamentablemente, esa conmemoración llegó en medio de la constatación de que los avances en tal sentido son insuficientes. De hecho, mientras que en muchas latitudes la violencia se mantiene o se reduce en niveles modestos, en otras —entre las que lastimosamente está incluida Bolivia— los casos de vulneración de derechos contra las mujeres se incrementan, a pesar de los discursos demagogos y de la aprobación y el endurecimiento de normas sobre la materia.
La prueba de lo insuficientes que resultan en la práctica los esfuerzos que se hacen para afrontar el problema ha obligado a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a dar al tema un lugar privilegiado entre sus prioridades. Es el caso de la ONU, por ejemplo, que considera que la cuestión de la violencia contra las mujeres debe ser abordada con los mismos criterios con los que se lucha contra las pandemias de salud pública.
Los datos que respaldan esa apreciación son elocuentes. Según estadísticas oficiales difundidas por la propia ONU, alrededor del 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo asegura haber sufrido una experiencia física o sexual violenta en algún momento de su vida, y la mitad de ese porcentaje sufrió, o sufre, alguna forma de agresión sexual antes de cumplir los 16 años de edad.
En medio de tal panorama, Bolivia expone datos extremadamente preocupantes, pese a los avances que se han dado, particularmente, desde la recuperación del sistema democrático y que se tradujeron, entre otras cosas, en la promulgación de una “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, la número 348. Los juristas están de acuerdo en que esta norma es de avanzada e incluye figuras que realmente protegen al sexo femenino, víctima de cualquier tipo de violencia ejercitada generalmente por hombres; empero, no ha servido para disminuir los índices de casos sino todo lo contrario.
Con datos hasta el 15 de noviembre de este año, las denuncias sumaban 44.378 en todo el territorio nacional y, de esa cantidad, el primer lugar era ocupado, de lejos, por la violencia familiar o doméstica, con 33.165 casos. La Fiscalía General del Estado ha detallado que, hasta el 18 de octubre, las víctimas de feminicidio eran 73 y el primer lugar era ocupado por el departamento de La Paz, con 19 casos, seguido de Cochabamba (14).
A estos datos hay que sumar la violencia cotidiana. De acuerdo con informes de la agencia de la ONU para asuntos de género, Bolivia ocupa el primer lugar del índice de violencia física contra las mujeres, y el segundo, solo después de Haití, por la cantidad de mujeres —gran parte de las cuales son menores de edad— víctimas de violencia sexual, además de la física.
Reportes informativos diarios muestran que este problema no tiende a disminuir sino a agravarse, lo que obliga a perseverar en los esfuerzos necesarios para combatir el fenómeno, propósito que tiene como uno de sus principales requisitos la comprensión de los factores que lo causan. La información levantada por los diferentes organismos que atienden estos casos ha identificado al machismo como una de las causas para que las cifras de violencia contra las mujeres sigan creciendo. Ahí es, entonces, adonde se debe apuntar para la prevención.
