Cada 10 de diciembre, en todo el mundo recordamos la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
A través de las décadas, la comunidad internacional ha utilizado la Declaración como base para desarrollar un sistema de nueve tratados vinculantes que abordan las principales categorías de derechos, situaciones y de grupos de particular protección como mujeres, infancia, migrantes, personas con discapacidad y otros.
La Declaración Universal es producto de su época y, como tal, no menciona explícitamente varios asuntos que estaban totalmente ausentes del debate público por aquel entonces, pero que hoy son centrales para los derechos humanos. Es el caso de los derechos de los Pueblos Indígenas, las obligaciones de las empresas, los derechos ambientales y los derechos de la propia naturaleza, de reciente conceptualización.
Con base en el espíritu inclusivo y visionario de la Declaración Universal, el sistema internacional de derechos humanos ha evolucionado y avanzado -pese a la reticencia de varios Estados-, por ejemplo con la creación de instrumentos y mecanismos específicos para la protección de los Pueblos Indígenas.
El factor determinante para que el sistema internacional de derechos humanos haya sido capaz de evolucionar y adaptarse a nuevos escenarios sociales es la participación de la sociedad civil. La experiencia a nivel mundial demuestra que el activismo de las personas y organizaciones es el catalizador tras los avances en derechos humanos. Un ejemplo reciente de ello es el Acuerdo de Escazú sobre información, participación y justicia ambiental, tratado regional del cual Bolivia es parte y en cuyas negociaciones la sociedad civil ha tenido un rol protagónico.
Para los Estados, garantizar la participación efectiva de la sociedad civil es también imprescindible, aunque estas sean críticas de la realidad o del actuar de quienes detentan el poder político, económico o mediático. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos ejercen una labor valiosa para toda la sociedad, que debe ser protegida y valorada por las autoridades.
El mundo en general, y América Latina en particular, enfrenta desafíos en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos asumidas por cada Estado al ratificar dichos tratados. Bolivia no está exenta de estos desafíos, que incluyen la desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la información, la discriminación, o la administración de justicia (incluyendo temas como independencia judicial y debido proceso, o las condiciones del sistema penitenciario).
En el país son de especial relevancia también la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y los temas medioambientales, ante amenazas como la contaminación, los incendios forestales devastadores (como los ocurridos este 2024), la explotación de recursos naturales (uso de mercurio para la extracción de oro, desafíos y oportunidades de la extracción de litio y otros), y en general el desarrollo sostenible.
Frente a flagelos como la desigualdad estructural y la polarización política, resulta esencial ofrecer respuestas que sitúen a los derechos humanos como eje de todas las políticas del Estado. La política penal y de seguridad, el desarrollo económico, la minería y el medio ambiente, a fin de ser eficientes y sostenibles, deben basarse en las obligaciones internacionales en derechos humanos, facilitando la participación amplia de la sociedad civil y brindando particular atención a las personas y colectividades más desfavorecidas.
En un contexto de múltiples desafíos, antiguos o nuevos, como ONU Derechos Humanos estamos comprometidos a acompañar a la sociedad boliviana -a las autoridades, las organizaciones y especialmente a las y los titulares de derechos- en su camino hacia una mayor vigencia de los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación.
* Su autor es representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
