A solo horas de las elecciones más controvertidas de los últimos tiempos, otra de las preocupaciones de la clase política es la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) para el siguiente año. Según ha denunciado la oposición, este sería aprobado usando argucias que ya son comunes en el Órgano Legislativo, haciendo uso de una mayoría simple y fácil de inclinar hacia los intereses de uno y otro lado. Por tanto, más que un presupuesto, se aplicará un programa, lo que no es coherente en el marco de un modelo económico que se respete.
Siempre se sospechó que, en el fondo, no había modelo, sino una conveniente alineación de planetas a partir de unas pocas buenas decisiones políticas mal gestionadas que pasaron desapercibidas en un momento de expansión que, seguramente, se hubiera dado incluso sin ningún gobierno a los mandos. La plata circulaba en el país y a nadie le importaba demasiado cómo.
También siempre se supo que el MAS era un gran proyecto populista con algunos planteamientos nacionalistas (aplicados sin valentía política) que pretendía emular el capitalismo de Estado chino, y arraigado en el liberalismo “popular” de cooperativistas, cocaleros, soyeros y gremiales, eminentemente individualista. Algunos le colgaron el sambenito de socialistas, incluso progresistas, hasta el grado que ellos mismos se lo acabaron creyendo.
Desconectados del Swift, con un sistema de Derechos Reales arcaico diseñado específicamente para ocultar propiedades y sin un sistema objetivo para determinar los ingresos de una familia ni su patrimonio, pues el propio MAS destruyó a Sánchez de Lozada cuando pretendió paliar su crisis de ingresos públicos con un impuesto a las rentas del trabajo, las políticas “redistributivas” de los últimos 15 años se han basado poco más que en el color de la piel o en la forma de vestir.
Después vino la crisis.
Las sorpresas dentro del PGE se van administrando con cuentagotas, pero una de las últimas viene a desvelar precisamente estas inconsistencias entre lo que se hace y lo que se dice, y es el pago de la Renta Dignidad, que será restringido en algunos supuestos según las rentas que reciban afectando así a una de las “grandes conquistas” que se atribuye el MAS, aunque desde siempre se pague con los recursos de IDH de los Departamentos en el mismo concepto de bono de siempre.
Seguramente el programa siempre debió ser así, pues de lo que se trataba era de elevar las condiciones de vida de los que menos tienen, y porque cualquier mejora se anula desde el momento en el que ese bono se convierte en universal, pero el MAS siempre gobernó intentando agradar a la mayor cantidad de gente posible repartiendo básicamente dinero y, menos se preocupó en enfrentar los problemas estructurales, seguramente desde el convencimiento de que es la plata y la mano invisible del mercado la que al final, resuelve los problemas: teoría social elemental del arco conservador – liberal de la política desde hace dos siglos y que el MAS ha aplicado a rajatabla.
La Renta Dignidad es solo un ejemplo, pero hay más sangrantes, como los criterios que se utilizan para asignar viviendas sociales, el Juancito Pinto que se paga en colegios fiscales y de convenio y otros subsidios similares.
Seguramente el MAS del futuro, o quien venga, deberá esforzarse en institucionalizar el país y crear criterios objetivos para medir el patrimonio y la riqueza de las familias y en función de eso, articular las políticas sociales que considere necesario, que tal vez es ninguna. Lo imposible es mantener estos criterios discrecionales y populistas que no resuelven los problemas.
