El domingo 16 de octubre de 2011, Bolivia marcaba un hito en la historia del continente: se convertía en el primer país que elegía a las máximas autoridades de su poder judicial —ya con el nombre de Órgano Judicial— mediante el voto universal, lo que se consideraba una innovación aparejada con la entonces todavía nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Cuando se discutía la elección de magistrados mediante voto, en la Asamblea Constituyente, el principal argumento de quienes estaban en contra de esa iniciativa era que esos son cargos técnicos y, por lo tanto, no debían ser sometidos a una consulta popular masiva porque esta es una práctica política y eso significaba darle ese carácter al Órgano Judicial. Demás está recordar cómo terminó aquella histórica cita y la forma en la que se aprobó la nueva CPE.
Una vez que las elecciones judiciales fueron introducidas en la Carta Magna, no quedaba más que llevarlas a la práctica y la primera vez fue en el año señalado. Hubo expectativa nacional, no tanto por los resultados de la votación, sino por lo que vendría después; es decir, el desempeño de las autoridades que fueron elegidas en esos comicios debido a que el planteamiento del MAS en la Asamblea Constituyente fue que elegir a magistrados mediante el voto iba a cambiar la administración de justicia.
No sucedió.
La justicia boliviana, ya bastante desprestigiada en 2011, asumió matices claramente partidarios, y la mayor muestra de ello fue la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 084/2017 que estableció que la reelección indefinida era un derecho humano, lo que le permitió al entonces presidente Evo Morales postularse inconstitucionalmente a una nueva elección, con los resultados por todos conocidos.
Ya para 2017, cuando se realizó elecciones judiciales por segunda vez, el concierto jurídico internacional había llegado a la conclusión de que el sistema del voto popular para esos cargos técnicos era un fracaso. Luis Pásara, senior fellow de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, publicó que “a partir de estos dos comicios realizados en el país, la lección que parece surgir para la región es que la elección de autoridades judiciales no conduce a algo mejor”.
Pero la ciudadanía boliviana no necesitó de especialistas extranjeros para desahuciar las elecciones judiciales desde la primera vez, puesto que se expresó mediante los votos blancos y nulos que alcanzaron muy altos porcentajes. En 2011, oscilaron entre el 42 al 48 por ciento, en los resultados nacionales, mientras que para 2017, los votos nulos nacionales rebasaron el 51 por ciento. En ambas ocasiones, los candidatos elegidos asumieron el cargo por porcentajes bajísimos, que les restaban toda legitimidad.
Con esos antecedentes llegamos a las elecciones judiciales de este domingo, a las que hay que sumar todos los obstáculos que se tuvo que vencer para que se lleven a cabo. El poder político fue tan fuerte que las de hoy ni siquiera serán elecciones nacionales, sino parciales. Con ese agregado, es previsible que los votos blancos y nulos sean mayores que en las anteriores versiones.
Pero no tomamos en cuenta nuestra responsabilidad como electores. Un proceso electoral no se limita al órgano que lo regula, la normativa y los candidatos, sino que también compromete a los ciudadanos, que son quienes emiten su voto. Los votantes no solo tenemos la obligación de concurrir a los recintos electorales sino, también, de emitir un voto consciente e informado y más aun tratándose de cargos técnicos como los que hoy se someten a consulta popular.
No solo hay que acudir a votar, sino que tenemos que hacerlo de manera consciente, porque es nuestra obligación con nosotros y con el país, no con los candidatos ni las organizaciones políticas.
