A medida que caen las hojas del calendario de 2024, las pocas que quedan nos dicen que es necesario realizar una evaluación que, simplemente por razones prácticas, tiene que ser por áreas.
Si empezamos por lo económico, habrá que decir que 2024 ha sido el año de la manifestación de una crisis que se lleva años augurando y que, aun así, no acaba de estallar. Los teóricos tienen múltiples teorías que explican el momento, mientras que el gobierno exhibe justificaciones de todo tipo para culpar al entorno y a la herencia recibida.
Los más profanos tienen los datos más o menos claros: antes había gas, se vendía a buen precio en dólares y con eso se pagaba el combustible subvencionado y quedaba para importar. Ahora básicamente no hay gas ni ningún otro producto de las múltiples iniciativas de empresas públicas que se han anunciado por años —fundamentalmente el litio, pero también el acero o la electricidad— que pueda sustituir los ingresos del gas, y así es como estamos acabando el año.
Sobre el gas hemos dicho repetidas veces que se debía privilegiar la industrialización, por encima de las exportaciones, pero esas voces no han sido escuchadas. La subvención ha incentivado el contrabando de combustibles a un nivel tal que este año conocimos la escasez, graficada en largas filas de vehículos en los surtidores.
Para algunos bastaría con eliminar la subvención a los carburantes para sanear las cuentas, pero incluso las encuestas más liberales dan cuenta de las dificultades que provocaría una medida e ese sentido, así que el presidente Luis Arce intentó que se decidiera en referéndum y el Tribunal Constitucional lo negó. Además, más allá del problema social que generaría por el incremento de precios y la destrucción de puestos de trabajo vinculados directamente a este asunto, tampoco ayudaría especialmente a los exportadores, que verían reducidos sus márgenes de ganancia y competitividad en el mercado internacional.
Y han sido precisamente los exportadores los más afectados este año por medidas de orden innegablemente proteccionista, como la prohibición de exportar aceite, que, en su momento, también fue objetada por este diario debido a que el perjuicio no era solo para aquel sector, sino para el país en general.
Nuestro argumento fue la falta de dólares, que fue otro de los elementos de las incomodidades del año que se termina. Lo que dijimos es que la manera legal de que ingresen divisas a cualquier país es mediante compras y ventas. Las más deseables son estas últimas y su volumen se determina por las cantidades de exportaciones. Si queremos más divisas, entonces debemos vender más al exterior, puesto que los compradores nos pagarán en dólares. Por ello, expresamos nuestra disidencia con la suspensión de exportaciones que, afortunadamente, no duró lo suficiente como para causarle más daños a la maltrecha economía nacional.
Ahora queda afrontar 2025, un año electoral en el que el Gobierno no tomará ninguna medida y gastará el presupuesto a como dé lugar para remar en los primeros seis meses del año, y la oposición no concederá ni la más mínima opción de dialogar soluciones de mediano plazo, pero probablemente tampoco desvele del todo sus intenciones que no son otras que llevar agua a su molino, cuando las cosas empeoren para el Gobierno.
En algún momento se tendrá que terminar este juego de poses y medias verdades para asumir de verdad una posición sobre el futuro de Bolivia. Lo deseable es que el Gobierno se dedique a gobernar, y asuma medidas para frenar la crisis, y que la oposición fiscalice, pero sin tender trampas que no solo afectarán a quienes circunstancialmente gobiernan el país, sino a la mayoría de los bolivianos.
