A la vista de -los por fin- resultados finales computados y publicados de las elecciones “jodiciales” parciales 19/26 a primera vista estimo estas ideas al respecto. Lo más relevante es que pese al muy pero muy accidentado proceso previo con todas las zancadillas que el gobierno, el evidente aplazo de la Asamblea Legislativa y varios prevaricatos del TCP y algunos Vocales; el proceso aunque sea parcial, llegó a su final y con un final relativamente feliz: habemus 17 altos cargos electos sobre 26, muchos de los cuales a diferencia de las 2 anteriores camadas que sólo eran “electos” (entre comillas), pueden ostentar mucho mayor grado de legitimidad de origen popular, pues en conjunto han superado a la Drita. Blanca Nulo de Pifiado (35%) versus 65% de los válidos. Aunque hay que hilar algo más fino viendo en cada caso concreto, por ejemplo si lograron el 50% +1 de votos y otros detalles; es innegable que los flamantes Magistrados gozan de una significativa legitimidad popular de origen, frente a sus antecesores (algunos hasta auto prorrogados…).
Más allá que me ratifico, este sistema de elección popular está demostrablemente fracasado porque en el mejor de los casos solamente produce popularidad y no necesariamente idoneidad y otros atributos que imprescindiblemente deben tener quienes cierran los sistemas constitucional, ordinario, agroambiental y disciplinario; esta tercerita está siendo por el momento la vencida en términos de esa popularidad y legitimidad de origen. Tienen pues los flamantes Magistrados un enorme desafío ante sus electores y sí mismos, más aún cuando nos han prometido todos, independencia, probidad, transparencia y hasta, jodido está, cambiar el estado calamitoso actual del arte de la justicia boliviana. Se han puesto pues, un listón muy pero muy alto. Les deseo muuucho éxito.
En esa línea, creo que el primer desafío que enfrentarán a la vuelta de la próxima semana apenas asuman sus funciones, tiene que ver con lo que harán efectivamente sobre los auto prorrogados en sus respectivos Tribunales (salvo el TAN, en el que habrá renovación total, aunque les dejaron de herencia fallos nulos) y muy pero muy especialmente en el TCP donde la tienen a primera vista, más complicada (4 electos Vs 5 auto prorrogados), aunque las almas comunicativas del foro cuentan que una de las electas mantiene una relación muy pero muy directa con uno de los prorrogados y otro(s) habrían sido apadrinados por el CEO de aquellos. Habrá que ver lo que hacen en cancha, más allá de sus espectaculares discursos de campaña. Los focos estarán principalmente en ese Tribunal y, sumando a los otros (TAN, TSJ) habrá que ver si por ejemplo, declaran nulos los actos sin jurisdicción y competencia de los prorrogados (vía RDN o incidentes de nulidad por vulneración del Juez natural) o… validan tamaños dislates, acomodándose al entorno… Amanecerá y veremos, pero creo que esa será la primera batalla (como Abogados, varios ya estamos cocinando algunas peticiones) y será la primera y mejor oportunidad probablemente para probar la legitimidad, esta vez ya de ejercicio de los “flamans”.
Otro de los desafíos será la postura que asumen en conjunto sobre la serie de nombramientos que los prorrogados hicieron sin jurisdicción ni competencia, incluyendo sus actos y resoluciones. Tremendo lío tienen por delante y pondrá a pruebe su temple como altos cargos; probablemente además evitándole al estado, incurrir en responsabilidades ulteriores. Ej: Ayer, la CIDH acaba de admitir formalmente 17 peticiones al hilo contra Bolivia, porque sus jueces y magistrados le metieron no más.
En conjunto, pero especialmente en el TCP; TSJ y CM (no trabajo en materia agroambiental así que no puedo opinar con conocimiento de causa), una cuestión que podría parecer formal pero que es sumamente importante y daría un excelente mensaje de su real talante y desempeño, más aún cuando todos juraron en campaña cambiar el sistema, asegurar transparencia, lucha contra la corrupción y otras perlitas; es que deben cambiar ya no más el nada transparente sistema de sorteos en esos altos tribunales (Ej: siempre los casos pesados les “sorteaban” a la Sala 4ª del TCP,); los sistemas de seguimiento en sus plataformas y webs oficiales de procesos (incompletos, inoportunos, inaccesibles, etc) y el drama que los Abogados y las partes sufrimos en Sucre con las notificaciones en esos altos Tribunales que fallan además en última instancia. ¿Podrán eliminar las falsificaciones flagrantes de fechas y diligencias de notificación y, el ocultamiento sistemático y doloso de esa información? Además por supuesto de la retardación y en varios casos, su manifiesta injusticia sino prevaricato. ¿Podrán actuar en la realidad de manera independiente respecto de los poderes fácticos como los partidarios, económicos, grupos de poder y, en algunos casos, de sus sponsors de sus millonarias e ilegales campañas? Ojalá no ocurra aquello de Alfredo MARTÍNEZ GUERRERO: “Los candidatos que concurren a las elecciones lo hacen bajo el presupuesto de cumplir las promesas básicas con las que piden los votos a los ciudadanos. Si no lo hacen, si hacen justo lo contrario a lo prometido en asuntos capitales, el contrato electoral se rompe y entramos de lleno en la liquidación del mandato representativo y la estafa democrática”. Amanecerá y veremos…
