El todavía nuevo 2025 no debe limitarse a los festejos y entregas de obras por el bicentenario. Este año debería ser la ocasión para que revisemos el funcionamiento del Estado con el fin de saber si nuestros últimos pasos fueron acertados y, sobre esa base, saber con precisión hacia dónde estamos yendo.
El actual modelo fue inaugurado el 2006, pero arrancó normativamente el 2009, con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE). Han transcurrido casi 16 años y el balance no es precisamente positivo: la Carta Magna anunciada como la solución a los grandes problemas nacionales no los ha resuelto y, por el contrario, ha ahondado otros.
Tenemos que pensar, especialmente, en el sistema de gobierno. El que está planteado desde la CPE es autonómico, pero los hechos demuestran que se sigue aplicando el centralismo.
¿Cómo debe organizarse una colectividad política para su mejor complementación y funcionamiento? Por encima de la variabilidad que sobre el asunto acredita la historia contemporánea, prevalecen al respecto parámetros democráticos a observar con detenimiento. En los tiempos actuales hay países sujetos a esquemas territoriales, políticos y administrativos de tipo unitario, federal y autonómico. España, Suiza y Bélgica, en Europa, son ejemplos claros de este último modelo. El gobierno central convive con los gobiernos regionales, en el marco de la respectiva coordinación constitucional, sin que esta restrinja o anule jurisdicciones y competencias que hacen a la esencia del ejercicio de la soberana regional.
Se puede decir que, de tal modo, se ayuda a que los gobiernos centrales trabajen más y mejor cuanto a políticas de Estado, seguridad nacional y relaciones internacionales, toda vez que la carga de lo regional, que a veces es tan pesada como la de lo nacional, recae específicamente en las espaldas de los que rigen las respectivas autonomías.
Lo mayormente destacable de tan acentuada descentralización territorial, política y administrativa, consiste en que no compromete la unidad del Estado, sino más bien la consolida. Sin ella, quizás otra hubiera sido la suerte de pases de crítica y compleja estructura demográfica, en lo que hace a lo étnico y lo religioso-cultural.
Todo depende, sin embargo, de la forma en que en un Estado se diseñe y aplique tal fórmula de organización territorial, política y administrativa. Deben evitarse desviaciones tan irracionales como imprudentes en la línea de conexión entre el gobierno central y los regionales. Aquel con lo suyo (atribuciones nacionales) y estas con lo propio (roles de tipo regional, sin que esta demarcación sea alterada por lo étnico-cultural, especificidad evanescente que cada vez encarpeta más la historia en todas partes del mundo.
Lo prudente es que el Gobierno central, repetimos, conviva con los gobiernos regionales y que en estos subsistan las autonomías municipales como tercer espacio de ejercicio de la soberanía popular (elección de alcaldes, Concejos Municipales y fijación de programas de desarrollo citadino). Lo anterior de modo alguno excluye a los pueblos indígenas que aún viven en las zonas rurales del país. Por el contrario, les abre las puertas a los municipios para que los rijan, voto popular mediante.
Pero la Carta Magna en actual vigencia, equivale a conglomerado de contradicciones y vaguedades que con el transcurso del tiempo parece que hundirían más profundamente al país en la crisis política, social y económica que padece desde la asunción del Movimiento Al Socialismo al poder político. Retornar a la racionalidad y a la sensatez, en lo que respecta al necesario diseño de país, es lo que aconseja la más elemental prudencia.
