Bolivia entendió que el modelo centralista había fracasado a poco de haber recuperado la democracia. Ya en pleno uso de nuestras libertades, los ciudadanos percibimos, ya sin la sombra del militarismo, que no eran las dictaduras las que nos impedían progresar, sino el centralismo secante que se ejercía desde La Paz. Esa constatación dio paso a las demandas por la descentralización que alcanzaron un primer resultado el 28 de julio de 1995, cuando se promulgó la Ley 1654.
Según su artículo 1, la Ley de Descentralización Administrativa consistía en “la transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional” a favor de los organismos de gobierno subnacional, particularmente las entonces denominadas Prefecturas de Departamentos.
Una de las características de esa ley era que, aunque mantenía la atribución privativa del presidente de la República de designar a los prefectos, se establecía cuáles eran las atribuciones de esas autoridades en el marco de un Estado que ya había empezado a delegar sus funciones nacionales a favor de los gobiernos departamentales. Otros dos elementos eran igualmente importantes: la creación de los Consejos Departamentales como órganos “de consulta, control y fiscalización, dentro del ámbito de sus atribuciones señaladas en la presente ley, de los actos administrativos del Prefecto” y, lo más importante de todo, se mantenía el sistema de gobierno bajo el concepto del unitarismo.
No fue un proceso, sino un primer paso. Para la sociedad civil, la descentralización era insuficiente puesto que muchas de las atribuciones referidas a la administración de los recursos fiscales seguían en manos del Gobierno central, así que hubo movilizaciones para conseguir más avances. Uno de ellos fue la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante el voto universal, lo que se convirtió en un hecho inédito en el país.
Es probable que, de no haber mediado otros cambios, ese proceso habría continuado hasta llegar a un régimen descentralizado que satisfaga a la mayoría. O, por el contrario, quizás otro tipo de circunstancias políticas habría interrumpido su marcha para llevarla por otros caminos. Lo cierto es que irrumpió en el escenario político un Movimiento Al Socialismo (MAS) robusto, fruto de un largo trabajo en las subcentrales del área dispersa, y, gracias a las desafortunadas declaraciones de un embajador de Estados Unidos, Evo Morales se convirtió en el protagonista de la política nacional.
Tras su triunfo electoral, el MAS convocó a una Asamblea Constituyente que, aunque era la gran demanda nacional, no se convirtió en la tribuna para que el país exprese sus demandas de cambio, sino que fue la plataforma para que el partido en función de gobierno imponga su proyecto político, aun provocando baños de sangre y cambiando la sede natural del poder constituyente.
La Constitución Política del Estado aprobada en Oruro incluye un régimen de autonomías que debió profundizarse mediante su ley especial, pero, salvando excepciones como las de Santa Cruz, no ha avanzado como debiera pese a que ya pasan más de 15 años de un cambio que debió ser estructural.
El régimen autonómico no funciona porque el Gobierno central, ejerciendo un centralismo con claras señales de autocracia, no ha permitido que las regiones lo desarrollen, desde sus propias realidades. Este es un hecho a tomar en cuenta ahora que estamos en el año del bicentenario, cuando debemos debatir los grandes temas nacionales porque, como ya lo dijimos, no se trata solo de celebrar sino, fundamentalmente, de cambiar para mejor.
