Durante más de diecisiete años, el MAS se ha opuesto obstinadamente a la “mercantilización de la naturaleza” y por tanto al uso de los mercados de carbono.
En la ley 071 (Derechos de la Madre Tierra, 2010) estableció que “no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie”. Con la ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 2012) prohibió la “mercantilización de la naturaleza” tres veces y excluyó el empleo de mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono. (Art 4 inc. 2; Art 32 inc. 5 y Art 54 inc. 2).
En la “Política Plurinacional de Cambio Climático” afirmó que los responsables de la “crisis climática” son los países desarrollados, que los países en desarrollo no son contribuyentes importantes de gases de efecto invernadero; que los primeros tienen una deuda con los segundos, que los mecanismos ideados a lo largo de las cumbres auspiciadas por el UNFCC consisten en la “mercantilización de la naturaleza”, y que, por tanto, el MAS se opone a dicho enfoque.
En el Plan Estratégico Institucional de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) 2021-2025, dijo que “el Estado Plurinacional … debe trabajar en el marco de los mecanismos de mitigación, adaptación y (que) como alternativa a la mercantilización de las funciones ambientales de los bosques, se crea el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación”. Dicho mecanismo atribuye a la conquista y “colonia” la determinación del papel de Bolivia en la división internacional del trabajo, “profundizada después por la independencia y la penetración del capitalismo”. Afirmó que “la producción para la ganancia” implica codicia, que conduce a la explotación, pobreza, enajenación y daño ambiental y que es autodestructiva. Quiso que el Mecanismo Conjunto sea una alternativa a REDD+; que emerja como un enfoque de no-mercado opuesto a la “mercantilización” los bosques.
Por último, en dos Contribuciones Nacionalmente Decididas, pero especialmente en la de 2021, el MAS “reafirmó su decisión de erradicar la mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza, de los mercados de carbono y soluciones basadas en la naturaleza que promueven millonarios negocios climáticos y no resuelven el problema de la crisis climática” (Inc 2.1.) y afirmó que “Bolivia … se opone a cualquier forma de mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza; por el contrario, asume la efectiva implementación del Artículo 6.8 del Acuerdo de París del marco de enfoques no basados en el mercado” (Inc 2.3).
Hasta ahí, parecía que el MAS no se movería ni un milímetro de su posición en contra de la “mercantilización de la naturaleza” y el uso de los bonos de carbono.
Es obvio que el MAS tenía, y aún tiene, una idea infantil sobre lo que llama “mercantilización”. Cree que, al ser vendido y comprado un objeto, de algún modo se degrada, y no quiere que eso pase con los bosques. Pero no acierta a notar que, si no se hubiera “mercantilizado” los vegetales y productos animales comestibles, no tendríamos alimentos; tampoco tendríamos vestido si no se hubiera industrializado y “mercantilizado” las fibras vegetales y las derivadas del petróleo; en fin, ni siquiera tendríamos la mayor parte de las medicinas que alivian nuestros dolores y malestares. El MAS está convencido de que una cosa es la producción para “el consumo” y otra, “para la ganancia”, cosa que no admite ningún manual de economía contemporánea. Tampoco el MAS reflexionó con suficiente profundidad y detenimiento sobre los mercados de carbono. Éstos son una oportunidad estupenda para limitar las emisiones de carbono a la atmósfera y para generar ingresos a los que pueden evitar las emisiones de carbono o capturarlo.
Y la terca realidad terminó imponiéndose.
Resulta que el modelo sociocomunitario y el mecanismo de manejo sustentable e integral de bosques por comunidades indígenas son un completo fracaso. Cuarenta millones de hectáreas de bosque arrasadas por incendios forestales en diecisiete años no son un éxito de ninguna clase, como tampoco el horroroso récord de diez millones en un solo año. El sistema boliviano de certificación del manejo de bosques es un espectro sin ninguna credibilidad internacional, así como varios otros disparates relacionados al cambio climático, como la predicción del clima a partir de conocimientos ancestrales. Ahora, cuando el gobierno del MAS necesita dólares desesperadamente, hace un giro de ciento ochenta grados: quiere participar en los mercados de carbono, quiere que los organismos internacionales, o los bancos, o quien sea, le paguen por no emitir carbono o por capturarlo. Ese giro se ha producido en tres pasos:
Primero, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), formado exclusivamente por magistrados auto-prorrogados, ha declarado inconstitucional la parte de la ley 300 que impide la participación en mercados de carbono. Los argumentos el TCP son que ese texto limita el derecho a un medio ambiente sano, al comercio y a la libertad de empresa; cercena competencias de los gobiernos departamentales y municipales y desconoce la jerarquía normativa, que establece que los tratados internacionales tienen supremacía sobre las normas internas. (TCP, SC 0040/2024).
Segundo, el gobierno se acomodó rápidamente a la sentencia de ese tribunal ilegal e ilegítimo: Con un Decreto, estableció los “nuevos lineamientos para el financiamiento climático”. En ese instrumento, definió lo que entenderá por crédito de carbono; reconoció como fuentes de financiamiento climático a los diferentes mecanismos e instrumentos internacionales existentes; creó el "Registro Nacional de Programas y/o Proyectos” (RENAPP) para el registro, seguimiento y monitoreo de los programas y/o proyectos y lo puso bajo tuición directa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, no de la APMT. Decidió que la Medición, Reporte y Verificación de las emisiones, reducciones y remociones de gases de efecto invernadero, se hará de acuerdo al método establecido en el Acuerdo de Kyoto y no de acuerdo a las lecturas en hojas de coca que realizaba la APMT. Las unidades de reducción de emisiones que se enmarquen en el enfoque de mercado de carbono, serán registradas y certificadas a través del RENAPP como créditos o bonos de carbono y seguirán el trámite que tienen que seguir. (DS 5264)
Tercero, el proyecto de ley financiera 2025 incluyó explícitamente el asunto del carbono: autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, entidad competente, a suscribir documentos, administrar, negociar, efectuar ventas al futuro etc., con unidades de reducción de emisiones certificadas y registradas como créditos o bonos de carbono a nombre de Bolivia. Lo autoriza también a contratar en forma directa los servicios de asesoría legal y financiera necesarias. Establece que las operaciones en mercados de carbono podrán realizarse dependiendo de la situación de los mercados de carbono y de las necesidades de financiamiento del gobierno (Art 18).
El gobierno no domina el léxico del financiamiento climático, lo que explica la jerigonza insoportable de sus documentos, pero, así y todo, ha dado un giro extraordinario. Después de haberse opuesto durante más de una década y media a los mercados de carbono por “mercantilizar” la naturaleza, cambió de opinión y empieza a hacer buena letra para utilizarlos.
Naturalmente, se puede preguntar si la sentencia constitucional 0040/2024 sobrevivirá o no, dado que los miembros auto-prorrogados del TCP están ejerciendo sus funciones contra lo que ordena la Constitución. Pero un argumento legal no es importante para quienes han violado la Constitución y las leyes tantas veces. Mientras al MAS le convenga la sentencia mencionada, seguirá respaldando al TCP, del que espera, además, otros servicios más importantes.
Pero, ¡ay! entrar a los mercados de carbono no es fácil. El MAS tendrá que cumplir muchos requisitos:
Bolivia no puede entrar al mercado regulado. Tiene que entrar al mercado voluntario, que funciona de manera totalmente diferente al primero. En este mercado no se habla de créditos de carbono (carbon credits), sino de neutralizaciones de carbono (carbon offsets). Este mercado no tiene un punto central o caja central de negociaciones. Los que quieren comprar y los que quieren vender tienen que encontrarse mediante mecanismos típicos de mercado. Toda la capacidad de absorción de carbono o evitación de emisiones que se quiere poner a la venta tiene que ser evaluada por verificadores internacionales, cuya voluntad no es tan fácil de comprar como la del TCP. Cada vez que se quiera vender carbon offsets habrá que generar líneas de base confiables e indicar quién y cómo calculará el carbono absorbido o no emitido, al empezar y al terminar. Tarea nada fácil incluso si se adopta los lineamientos para Monitoreo, Verificación y Reporte del Protocolo de Kyoto.
Uno de los requisitos es el de la acreditación de las instituciones. Cada institución participante tiene que demostrar estar en cumplimiento con estándares que dan una razonable seguridad de su estabilidad y seriedad en el manejo de los asuntos ambientales. ¿Cómo podrá demostrarlo un gobierno que ha puesto en cargos de dirección a simples nombrados por las corporaciones indígenas?
Y last, but not least, queda el problema de la credibilidad. Un gobierno que ha destruido cuarenta millones de hectáreas en diecisiete años y diez en sólo uno, no puede intentar ocultar semejantes desastres simplemente sonriendo con el puño en alto.
Por donde sea vea, los gurús irresponsables que controlan la APMT han sufrido una derrota tremenda. Pero no han sido derrotados por el “capitalismo depredador”, como quisieran para consolarse, sino por sus propios correligionarios azules, menos adoctrinados, menos leídos, pero indudablemente más pragmáticos. Éstos saben dónde está el billete.
* El autor pertenece a la Plataforma UNO de Bolivia, que no necesariamente comparte sus puntos de vista.
