A la hora de los balances de lo ocurrido en 2024 ha destacado un tema nacional que debería preocupar a nivel mundial y es el de los incendios forestales registrados en la zona del oriente boliviano.
No se trata solo de hacer un recuento o de incurrir en el clásico lamento, sino de ir un poco más allá para no cometer los mismos errores en el nuevo año, nada menos que el del Bicentenario del país.
En primer lugar, conviene tomar conciencia de que estamos hablando del ya catalogado como el mayor desastre ambiental de toda la historia de Bolivia.
Se ha batido el récord de bosques quemados: 10 millones de hectáreas han sido pasto de las llamas en una temporada de incendios que empezó en junio y que se extendió hasta octubre, con el adelanto de las lluvias más la estabilización respecto a los desfases y sequías de los últimos años.
En segundo término, no se puede perder de vista que esta crisis no es nueva. La quema indiscriminada se produce cada año y con el conocimiento de todos, incluyendo a las autoridades gubernamentales, en sus diferentes niveles, y los representantes de la sociedad en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ellos son quienes deberían realizar gestiones para evitar que esta catástrofe continúa repitiéndose. Pero, cada año lo que se constata es que se mueven solo en tiempo de emergencia.
La conversión de bosques en campos enormes de monocultivo es un buen negocio en una época en la que el mundo entero demanda alimentos de todo tipo antes de que se venga una crisis. Si además existe la amenaza de un acuerdo con la Unión Europea —recién firmado y no ratificado— que limitará la compra de productos provenientes de áreas quemadas, que en realidad ha tenido un efecto de aceleración y, sobre todo, un Estado que necesita dólares con urgencia luego de fracasar en todos los proyectos que debían atraerlos, el resultado es evidente.
Hay que poner el foco en las leyes, pero también en los beneficiarios. Las tensiones entre grandes y pequeños productores no impiden que ambos converjan en las mismas necesidades: transgénicos y ampliación de la frontera agrícola por los medios más económicos.
No se ha hecho nada para remediarlo y todo indica que en 2025 nada cambiará, incluso considerando que habrá elecciones generales de por medio.
El problema del medioambiente, lamentablemente, no se condice con los tiempos políticos. Las determinaciones a adoptar tienen carácter de urgencia y, además, un horizonte de largo plazo, frente a las administraciones gubernamentales efímeras y todos los años concentradas en cosechar adhesiones de tipo electoral. ¿Lo sabrán quienes toman las decisiones o esperarán de nuevo a que la Amazonia agonice o el Chaco colapse?
