Ahora que los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional (TCP) volvieron a fungir como jueces de su propia causa para continuar ejerciendo sus cargos (ACP 113/2024-O), controlándolo con su presencia mayoritaria frente a los recientemente electos, la realización de las Elecciones Generales 2025 estaría en riesgo. Esto porque, si el Gobierno, mediante su control sobre la justicia, pudo suspender consecutivas veces las Elecciones Judiciales, no hay razón para pensar que no estaría dispuesto a hacer lo mismo con las Elecciones Generales, en caso de que no esté asegurándose su triunfo.
El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe dice que la solución es incorporar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Ley 044 de Juzgamiento de las Altas Autoridades, para que, únicamente ante autorización de dos tercios del Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP), puedan ser juzgados por irregularidades en sus funciones.
Esto parece ser una buena solución. Sin embargo, cualquier mecanismo que implique una decisión de la ALP sería políticamente inviable, dado que el Gobierno controla la Cámara de Diputados y la Presidencia de la Asamblea. La única manera de garantizar que las Elecciones Generales se efectúen en los tiempos previstos por el TSE es que los magistrados prorrogados cesen en sus funciones y que se habilite a los suplentes recientemente electos para que funjan como titulares en tanto se elija a los faltantes.
Pero, ¿cómo lograr que los magistrados re-auto-prorrogados dejen de una vez el cargo que ya no les corresponde? Dado que los mecanismos institucionales y jurisdiccionales están bloqueados por ellos mismos y por el Gobierno en función, todo indica que la única vía democrática que queda es la de la protesta y la presión ciudadana. A las organizaciones políticas les interesa que las Elecciones Generales se lleven a cabo.
Ellas, mediante sus militantes y operadores, tienen la capacidad de saturar las redes sociales y los noticieros del país con la protesta contra la permanencia de los magistrados prorrogados, así como la de movilizar gente en caso de ser necesario.
Ese esfuerzo, sumado a la motivación natural de los líderes de opinión y de la ciudadanía en general, con seguridad lograría hacer que los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional renuncien o, finalmente, se los expulse.
* Es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.
