A una semana de la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hay opiniones divididas en el mundo respecto a la nueva llegada del republicano a la Casa Blanca.
Mientras, por un lado, se han conocido reacciones de rechazo respecto a supuestas ambiciones expansionistas del futuro mandatario, por el otro, analistas y académicos europeos se han mostrado más mesurados a la hora de opinar acerca de la intención real de que Trump concrete sus propósitos. Giorgia Meloni, primera ministra italiana —la líder política de un país de la UE más cercana a Trump y a Elon Musk— lo ha descartado de plano.
“Creo que podemos excluir que Estados Unidos en los próximos años intentará usar la fuerza para anexar territorios que le interesen”, dijo Meloni. Pero no se trata solo de recurrir al poder militar estadounidense, lo que sugeriría Trump, sino también de presiones económicas, especialmente en el caso de Canadá, país al que el controvertido político republicano invitó a ser el 51 estado estadounidense.
“Canadá, Groenlandia, Canal de Panamá: ¿delirios de grandeza de un Trump expansionista?”, interroga el titular de un extenso artículo publicado hace casi una semana por France24, en el que ese medio intenta responder cuán serias son las “provocadoras reivindicaciones territoriales” del líder estadounidense.
Para algunos políticos europeos, como el canciller de Alemania, Olaf Scholz, las intenciones de Trump sobre Groenlandia ignoran el Derecho Internacional y el principio de la inviolabilidad de fronteras consolidado el Acta Final de Helsinki, de 1975, firmada como resultado de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa hito máximo de la distensión entre los bloques occidental y soviético.
No solo ese instrumento del Derecho Internacional sería vulnerado por las ambiciones de Trump. Una intervención para anexar Groenlandia a Estados Unidos desmantelaría el orden geopolítico actual instaurando una especie de anarquía, pues esa isla es parte del Reino de Dinamarca y su territorio también está cubierto por el Tratado del Atlántico Norte.
A estos asuntos internacionales se suma una cuestión interna, puesto que un juez penal de Manhattan ha tomado una decisión peculiar en el caso de la actriz de cine Stormy Daniels que involucra al sucesor de Joe Biden.
En este caso se considerarían los derechos de Trump como presidente electo similares a los de un mandatario en ejercicio, pero el juez al parecer está convencido de que no le alcanza la inmunidad, postura que puede generar una controversia de dimensiones si la Corte Suprema de Justicia Federal se la ha concedido, no como simple recomendación, sino como un derecho incuestionable proveniente de Alta Corte.
De todos modos, se deduce que el juez no aplicará una pena de prisión contra Trump, situación que se considera como una manera de no poner trabas a la gestión presidencial que por segundo periodo discontinuo el republicano iniciará el próximo lunes 20 de enero.
