Las elecciones generales previstas para este año están garantizadas, según el inédito acuerdo firmado en días pasados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En estos tiempos de redes sociales acaparándolo prácticamente todo, las noticias pasan de una a otra a una velocidad tan rápida que muchos no se dan tiempo para la reflexión. ¿O cuántos notaron el grado de significación de ese acuerdo, el hecho de que aquellas garantías llegasen después de una reunión sin precedentes entre dos de las instituciones más importantes del país?
En cualquier otra nación, donde las instituciones democráticas funcionan con —más o menos— alguna normalidad, basta y sobra con que cada una haga su trabajo de forma transparente. No, en Bolivia se requiere casi de una “cumbre” de dos salas plenas para llevar un poco de certidumbre a la ciudadanía respecto a unos comicios.
Este encuentro “histórico”, como lo han calificado, llega precedido de antecedentes que no son menores, como el hecho de que el TCP haya dispuesto que las pasadas elecciones judiciales no se llevaran a cabo en todo el país, para elegir determinados cargos, sino que fuesen parciales, lo cual determinó la continuidad —prórroga— de varios de los magistrados de la gestión anterior.
A esto se sumaron varias resoluciones constitucionales en los últimos años, en el marco de la disputa interna que se viene desarrollando en el partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre las facciones ‘arcista’ y ‘evista’.
Por su parte, el TSE ha ido haciendo su trabajo de forma discreta, alejado de los escándalos de antaño, salvo algunas notas disonantes y las siete prórrogas concedidas a los partidos políticos para que arreglen sus papeles.
La composición de este Tribunal es el único legado de aquel brevísimo periodo de transición que duró entre que Morales tomó el avión a México el 11 de noviembre de 2019 y la decisión de Jeanine Áñez de ser candidata a fines de ese mismo año. El MAS seguía teniendo mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero había cierto pudor con lo ocurrido en octubre y la voluntad de hacer las cosas bien.
El TSE tiene dos misiones agobiantes e inmediatas: Una, lograr la validación del padrón a nivel popular después del descrédito que acumuló desde las elecciones de 2019. La otra, recuperar un sistema de transmisión rápida de datos homologable al que se usa en todo el planeta y alejar las sospechas también heredades de aquel nefasto año de fraude electoral.
La ciudadanía ha dado suficiente muestras de paciencia y compromiso en un tiempo difícil, con problemas económicos que afectan a las familias en su día a día, a los que se suma una natural molestia —como en otras partes del mundo— por la política de los malos políticos en general. Después de un proceso electoral fraudulento, una justicia que no hace sino empeorar y, ahora, una crisis económica que no parece encontrar fin, nadie debería ponerla a prueba otra vez. Las próximas elecciones deben ser, ante todo, transparentes y justas, sin favoritismos para nadie.
