Ubicadas a escasos 156 kilómetros de distancia, las ciudades de Sucre y Potosí comparten historia y, desgraciadamente, un mismo destino de marginamiento por parte de los diferentes gobiernos centrales. El camino que las une ha servido para acortar tiempos de viaje: ahora es una realidad viajar de una a otra por la tarde y retornar en la noche. Sin embargo, ese panorama alentador se ensombrece debido al servicio que brindan algunas empresas de transporte interdepartamental.
Las estadísticas que maneja la Policía, a través de sus organismos operativos de Tránsito, dan cuenta de que los accidentes en la ruta Sucre-Potosí son numerosos en relación a los que se reportan en otros caminos. La causa prevalente siempre la misma: el exceso de velocidad.
Como los vehículos que prestan el servicio de los “rapiditos” son pequeños, aptos para viajar a mayor velocidad que otros de mayor tamaño, sus conductores suelen ceder a la tentación de correr y exponerse a sí mismos y a sus pasajeros a los temidos accidentes.
Controlar a estas empresas resulta una tarea complicada por una cuestión de jurisdicciones. Como tienen sus bases en Sucre y Potosí, escapan, así sea a medias, del control directo de las gobernaciones. Se tiene la idea de que solo se puede verificar lo que ocurre en el territorio departamental de cada Gobernación y, aun así, ese control está confiado a Tránsito. Por razones parecidas, las alcaldías tampoco intervienen en el tema.
¿Quién controla, entonces, a los “rapiditos”? La primera respuesta es el Viceministerio de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, pero hay que esforzarse demasiado para advertir su mano reguladora en este servicio de carácter bidepartamental. Debido a que no existe control, los pasajeros que toman estos servicios no solo ponen en riesgo sus vidas, cuando los conductores deciden acelerar a fondo y sin prudencia, sino que fundamentalmente están sometidos a sus reglas y a sus tarifas.
Hay dos momentos totalmente diferenciados en este servicio: cuando lo ofrecen y cuando terminan de prestarlo. Al momento de ofrecerlo, los dependientes de la empresa ruegan —sin exagerar— a los pasajeros para que estos accedan a viajar en sus “rapiditos”, y hasta lo hacen mintiendo al decir que solo falta un pasajero cuando a veces no tienen uno solo.
El panorama cambia cuando se llega a destino ya que, la más de las veces, el conductor se niega a dejar al pasajero en su domicilio y lo lleva hasta la terminal, o en alguna calle arguyendo diferentes razones. Entonces, el usuario se ve obligado a tomar un nuevo taxi que lo traslade a su destino final, encareciendo el costo de su pasaje.
Tampoco hay control en el precio de los pasajes. Había una tarifa estandarizada de Bs 50 por persona, pero ha subido a 60 y, de acuerdo con la demanda, también a Bs 80 y hasta Bs 100 por pasajero. ¿Por qué no se advierte la presencia de ningún ente regulador para estos casos? Los rapiditos llevan años prestando el servicio entre Potosí y Sucre y, salvo excepciones que confirman la regla, la mayoría tiene mucho por mejorar en cuanto a calidad y calidez. Por el tiempo que llevan en las carreteras y, fundamentalmente, por respeto a los pasajeros que los utilizan por cientos cada día, ya es tiempo de regular y ejercer control sobre este servicio de transporte.
