Cada vez que llega el 14 de febrero y se recuerda que en esta fecha, de 1879, Chile invadió militarmente el territorio de Bolivia, el argumento de los vecinos es que la ocupación se produjo porque Bolivia incumplió el Tratado de Límites de 1874 al fijar un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Pero, los antecedentes de la Guerra del Pacífico están en la Confederación Perú Boliviana.
El 17 de octubre de 1837 se firmó el famoso ‘Tratado de Paucarpata’ entre el general chileno Manuel Blanco Encalada y el protector de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Como se sabe, Chile se opuso tenazmente a esta unión y por ello decidió invadir por primera vez.
Antes de la firma de este Tratado, el ejército confederado “pudo destrozar al ejército chileno invasor”. Años después, el 20 de enero de 1839, Santa Cruz fue vencido en Yungay y Chile inició su avance y usurpación de territorio boliviano, que contenía grandes riquezas de guano, salitre y cobre.
Como ejemplo, cabe recordar algo de lo que fueron las misiones diplomáticas. Ahí está la de José Santibáñez, que propuso el arbitraje para establecer los límites y la Cancillería chilena negó esa posibilidad.
Otras dos misiones, a la cabeza de ilustres potosinos, fueron las de Tomás Frías, quien tuvo propuestas del canciller de Chile Manuel Antonio Tocornal para comprar territorio boliviano, mientras que Rafael Bustillo recibió en la capital chilena la sugerencia de “compra de territorio boliviano hasta el grado 23”. Pese a que iban definiendo los límites, la hábil diplomacia chilena había enviado otra misión a Bolivia para hacer otra negociación a espaldas del doctor Bustillo. En alguna oportunidad, el canciller Bustillo dijo: “la fuerza imponía silencio al derecho”.
¿Por qué hubo tanto prolegómeno diplomático? Porque Chile preparó la invasión con tiempo y, debido a ello, la ejecutó tan eficientemente. La Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta era una empresa privada y el Gobierno chileno no tenía por qué salir a defenderla. Ese solo hecho demuestra que lo del impuesto de 10 centavos por quintal de salitre fue simplemente un pretexto.
Después de la guerra de 1879, algún plenipotenciario chileno afirmó que “nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”.
Estas breves referencias permiten seguir afirmando que los gobiernos de Chile mantienen inalterable su oposición irracional con el enclaustramiento de Bolivia. Y no solo eso, sino que repiten la falacia de que Bolivia nunca tuvo acceso soberano a las costas del océano Pacífico, como lo hacen con las aguas del manantial del Silala.
Solamente como muestra, investigaciones y estudios de historiadores nacionales —entre ellos Valentín Abecia Baldivieso, Fernando Cajías, Juan Siles Guevara y Eudoro Galindo Quiroga—, además de historiadores chilenos y de otros países, evidencian los derechos legítimos de Bolivia en las costas del Pacífico.
Por eso ameritaba fijar una verdadera política de Estado con relación a la reivindicación marítima, y jamás renunciar a tan justo y caro anhelo. Es la que debería sentar las bases históricas, económicas y geopolíticas para que Bolivia tenga un puerto libre y soberano en las aguas del Pacífico, pero, en lugar de eso, se dio espacio a reacciones hormonales de índole político, sin contar el duro revés en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
