Los carnavales bolivianos se abrieron oficialmente este fin de semana con la denominada “Bajada del Tata Qaqcha”, en Potosí, que es la región minera por excelencia. La de ayer fue probablemente la mayor ostentación de poder económico de este siglo, y muy probablemente de los últimos tiempos. No se trata de una mera fiesta folclórica, cultural o de carnestolendas.
Más de 60 fraternidades, no solo de la capital potosina y sus provincias sino también del interior, se dieron cita a los pies del Cerro Rico para luego bajar bailando por la avenida El Minero. Este domingo, esos mismos grupos tomarán el centro histórico de Potosí, convirtiéndolo en una gigantesca pista irregular de danzas, antes de que cada agrupación de bailarines se dirija a la sede de su respectiva cooperativa, para participar en fiestas en las que, como suele decirse coloquialmente, se tira la casa por la ventana. Esas son las características del también denominado “Carnaval Minero”.
Los cooperativistas mineros están boyando; es decir, pasan por un periodo de prosperidad que ya ha alcanzado las dos décadas. La relativa estabilidad de los precios de los minerales le ha permitido a este sector crecer de manera inconmensurable en un mercado —el potosino— en el que tiene el monopolio, por cuanto en este departamento no existe minería estatal. Además de una gran empresa, como San Cristóbal, junto con la minería mediana —también privada— solo están las cooperativas que, de esas, solo llevan el nombre ya que se trata de verdaderas empresas de particulares que se benefician a costa del trabajo de centenares de mineros, en tanto estos se contentan con el pago semanal por su ardua tarea.
¿Se beneficia el país de este tipo de explotación? La mayoría sabe que no, pero es preciso recordar algunos detalles que no han cambiado en absoluto en los últimos años. La minería en Bolivia ha sido históricamente una columna vertebral económica y social del país, pero sus efectos y la forma en que se lleva a cabo merecen una reflexión profunda y crítica.
La actividad minera en Bolivia no es un fenómeno reciente: data de la época colonial, cuando los españoles explotaron intensivamente los ricos yacimientos de plata del Cerro Rico de Potosí. Este legado de explotación ha continuado, transformándose en la explotación de minerales como el estaño, el oro y el zinc. A pesar de la riqueza generada, los beneficios no siempre han sido equitativamente distribuidos. Las poblaciones mineras a menudo se encuentran entre las más pobres del país, enfrentando condiciones laborales precarias y riesgos constantes para su salud.
Uno de los aspectos más críticos de la minería en Bolivia es su impacto ambiental. La minería a cielo abierto y el uso de mercurio en la extracción de oro han contaminado ríos y suelos, afectando no solo a la biodiversidad sino también a las comunidades que dependen de estos recursos naturales para su subsistencia. La deforestación y la erosión del suelo son otros efectos colaterales de esta actividad que agravan la crisis ambiental.
Ahora, la minería cooperativizada, o las empresas privadas mineras que funcionan con el rótulo de cooperativas, no se limitan a la explotación de yacimientos subterráneos, sino que ha implosionado en el sector aurífero cuyos centros de actividades están en el norte del departamento de La Paz y en la Amazonía boliviana.
Tienen grandes ganancias porque apenas pagan el 6 por ciento por regalías; así está establecido en el Código de Minería. Es hora de incrementar ese porcentaje para que las regiones productoras reciban una adecuada compensación.
