La discusión de un Nuevo Pacto Fiscal en Bolivia después del Censo se ha convertido en una necesidad ineludible. La actual distribución de los recursos económicos en el país revela profundas desigualdades entre los distintos niveles del Gobierno y las entidades territoriales, lo que genera tensiones políticas, estancamientos económicos y desigualdades sociales. Considero que estamos frente a una oportunidad histórica para repensar el nuevo modelo fiscal boliviano, con características más equitativas y descentralizadas.
De acuerdo a la distribución del Presupuesto General del Estado para 2025 se tienen Bs 369.340.664.521, de los cuales el 88% está bajo el control del nivel central del Estado, el 3% por las gobernaciones, el 5% por los 339 municipios, 2% por las universidades y el 3% por otras instituciones de seguridad social. Esta realidad de desequilibrio a las entidades territoriales no les permite ejercer su autonomía real. En términos de inversión pública es mucho más crítica la situación del total del presupuesto general: tan solo el 7% se destina a inversión pública, lo demás es destinado a gastos corrientes y la mayor parte de estos recursos provienen de la deuda externa adquirida por el Estado.
El modelo económico centralista vigente en tiempos de crisis económica ha demostrado ser improductivo e inequitativo, se ha reducido a depender de la renta de hidrocarburos y minerales para generar las divisas, lo que conllevó a aumentar la deuda externa y la disminución de reservas internacionales a puntos exorbitantes.
Esto conlleva a que las entidades territoriales exijan mayor participación tributaria proponiendo el 50% al nivel central del Estado, el 50% entidades territoriales y universidades. En el caso de Chuquisaca, algunas instituciones proponen además del 50 - 50 un bono de compensación del 3% adicional por el alto índice de pobreza, migración, servicios básicos, vinculación caminera, educación, salud, extención territorial, entre otras variables. Esto permitiría fortalecer la gestión local y reducir las desigualdades entre regiones.
El debate sobre un Nuevo Pacto Fiscal en Bolivia no solo es técnico, sino también profundamente político. Una nueva redistribución de recursos económicos influye en la capacidad de gestión de los gobiernos locales, profundiza la autonomía y va a influir fuertemente en las relaciones entre el Gobierno central y los departamentos y, por ende, reconfigurar el poder político en el país. Hoy, con la concentración de los recursos en el nivel central, se refuerza una visión de Estado controlador, un centralismo secante, modelo económico que defiende el actual gobierno.
Los departamentos productores de hidrocarburos y minerales también exigen la revisión de la distribución económica del IDH y regalías, exigiendo una redistribución más favorable para sus regiones.
El nuevo Pacto Fiscal tiene varias exigencias como: a) Mayor autonomía financiera. Las regiones exigen que sus ingresos, derivados de la explotación de recursos como el gas, el petróleo, minería y la agricultura, nos permitan decidir con mayor libertad sobre su destino; b) Redistribución equitativa de los recursos del Estado; c) Mayor inversión en infraestructura y servicios básicos; d) Participación en la gestión de recursos naturales; e) Fortalecimiento de las instituciones regionales; f) Mayor fiscalización y transparencia de los recursos públicos; g) Actualización y modificación de leyes nacionales, entre otros aspectos.
En conclusión, un nuevo Pacto Fiscal no es un capricho de los gobiernos departamentales, sino una necesidad impostergable para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en Bolivia. La actual estructura centralista ha demostrado ser ineficiente y generadora de desigualdades. Es momento de construir un modelo fiscal más justo, que permita a todas las regiones del país contar con los recursos necesarios para su desarrollo. Si el Gobierno central no toma en cuenta estas demandas, el malestar social seguirá creciendo y las tensiones políticas podrían agudizarse.
* Es ingeniero y sociólogo.
