La vida en los caminos de Bolivia parece ya no valer nada. Uno tras otro se producen los accidentes, que se cargan a decenas de personas, ante la impotencia generalizada. Solo queda la tristísima costumbre de contemplar las imágenes o fotos de la tragedia, casi invariablemente, cada semana.
Se dice que el conductor estaba ebrio, que hubo fallas mecánicas y, las más de las veces, que quien conducía, lo hacía con exceso de velocidad.
¿Qué se puede hacer frente a este tipo de problemas? Se pierde el tiempo creyendo que la solución pasa exclusivamente por una Policía que, en más de una ocasión, hizo anuncios que cumplió solo por unos días, como aquel de destinar un uniformado para cada viaje, sobre todo durante los días de Carnaval u otras fiestas.
Eso quedó en el olvido hace mucho y los pasajeros fueron abandonados a su suerte. Peor aún los habitantes del sur del país, adonde algunas empresas de transporte parecen destinar los peores buses para que presten deficientes servicios.
El año pasado, la empresa a cargo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Bolivia registró 26.299 personas lastimadas en 21.000 incidentes. La cifra representa un 20 por ciento de incremento respecto a 2023.
Los accidentes graves del transporte público de pasajeros, urbano, interprovincial o interdepartamental llaman la atención durante unos días, cuando tienen consecuencias trágicas. Luego, tanto estos como el número de víctimas, pasan a ser unas cifras más dentro de las estadísticas.
Es raro que las causas de esos siniestros lleguen a conocerse de manera fehaciente y oficial, como ocurrió, por ejemplo, con los 19 muertos registrados al salirse un bus de una carretera del departamento de Potosí. Y hace cinco meses, otro vehículo de transporte interdepartamental se accidentó entre Tarija y Santa Cruz dejando un saldo de 15 personas fallecidas y al menos 17 heridas. La Fiscalía de Tarija informaba entonces que las presuntas causas eran “fallas mecánicas”: ese vehículo llevaba funcionando desde el año 1978.
Lo cierto es que la cuenta, solo en Potosí, es de 64 fallecidos por este tipo de incidentes en lo que va del año.
La Policía Boliviana suele decir que está investigando las razones por las cuales ocurrió tal o cual desgracia. Jamás —o muy rara vez— se informa cómo estos motorizados obtuvieron la certificación de sus “condiciones técnicas, mecánicas (…) de funcionamiento y seguridad para la circulación de todas las unidades de transporte automotor públicas y privadas en todo el territorio nacional, con la finalidad de reducir la probabilidad de accidentes por aspectos técnico-mecánicos”, como lo establece la Ley General del Transporte del 16 de agosto de 2011.
Esa norma específica señala que todos los motorizados deben pasar por una revisión —la Inspección Técnica Vehicular— y que esta se debe efectuar en “establecimientos especializados y acreditados, que deberán estar equipados con líneas de inspección para vehículos livianos, pesados y motocicletas”.
Nada de eso ocurre. La Policía efectúa esa inspección, mediante su Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, cuya función “más importante viene a ser el fortalecimiento de las políticas institucionales encaminadas al logro del bienestar y seguridad económica de los servidores públicos policiales”, según lo anuncia en su página web.
Sería interesante saber cuántos de los más de 26.200 accidentes de tránsito del año pasado se originaron en fallas mecánicas y cuáles se debieron a la responsabilidad de sus conductorescado y que no se logran por meritocracia, sino por solidaridad nacional. Nunca es tarde para recordarlo.
