Varios países del mundo conmemoraron ayer el Día Internacional de la Mujer que, de inicio, fue establecido para conmemorar a las mujeres trabajadoras. La primera celebración en ese sentido fue en 1911 pero en 1972 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la convirtió en una conmemoración mundial, conforme lo argumentado en su Resolución 3010.
Para este 2025, la ONU dedicó la conmemoración “Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento” argumentando que “el tema de este año reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas, con un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás”.
¿Cuánto se ha avanzado en la igualdad de derechos y hasta dónde ha llegado el empoderamiento de las mujeres? Las cifras demuestran que la conmemoración se realiza en medio de la constatación de que los avances en tal sentido son insuficientes. De hecho, mientras que en muchas latitudes la violencia se mantiene o se reduce en niveles muy modestos, en otras, entre las que lastimosamente está incluido nuestro país, los casos de vulneración de derechos contra las mujeres se incrementan muy a pesar de los discursos, la aprobación y endurecimiento de normas sobre la materia.
La prueba de lo insuficientes que resultan en la práctica los esfuerzos que se hacen para afrontar el problema ha obligado a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a dar al tema un lugar privilegiado entre sus prioridades. La ONU que considera que el tema de la violencia contra las mujeres debe ser abordado con los mismos criterios con los que se lucha contra las pandemias de salud pública.
Los datos que respaldan esa apreciación son elocuentes. Según estadísticas oficiales difundidas por la ONU, por ejemplo, alrededor del 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo asegura haber sufrido una experiencia física o sexual violenta en algún momento de su vida y la mitad de ese porcentaje sufrió, o sufre, alguna forma de agresión sexual antes de cumplir los 16 años de edad.
En medio de tal panorama, nuestro país lamentablemente expone datos muy preocupantes pese, hay que insistir, a los avances dados particularmente desde la recuperación del sistema democrático que se tradujo, entre otras cosas, en la promulgación de una Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la número 348. Los juristas están de acuerdo en que esta norma es de avanzada e incluye muchas figuras que realmente protegen a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia ejercitada por sus parejas; empero, no ha servido para disminuir los índices de casos sino todo lo contrario.
Es cierto que, por una parte, es cada vez mayor el número de mujeres que aprovecha la rigidez de la Ley 348 para castigar a sus parejas, o someterlas a la acción de la justicia aunque no haya razón para ello, pero también es evidente que las cifras de agresiones o, peor aún, las de feminicidios no han sido subir. Una prueba de ellos son las estadísticas oficiales en un momento del año en el que ni siquiera se ha completado el primer trimestre: la Fiscalía General del Estado ha informado de 11 casos de feminicidios registrados en el territorio de los que cuatro corresponden al Departamento de Cochabamba mientras que Santa Cruz y La Paz registraron a tres cada uno. Esos datos fueron registrados hasta el 26 de febrero y, de entonces ahora, hubo más casos.
Por tanto, lo primero que se debe resolver es la violencia contra las mujeres. La ONU pide que “actuemos e involucremos a medios, gobiernos, líderes de empresas y comunitarios, a la sociedad civil y la juventud, y cualquier otra persona con la capacidad de ejercer influencia y tomar medidas en nuestras comunidades”.
