Tal y como se había anticipado a través de los boletines del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi), el fin de semana recién pasado fue abundante en lluvias y, en aquellos lugares donde nunca se ha tomado previsiones frente a los excesos de la naturaleza, los efectos no se limitan a destrucción de cultivos sino, también, a la destrucción de viviendas.
Los reportes señalan que estas lluvias han causado grandes daños y, por ello, tenemos que repetir, desde este diario, que este es un hecho sobre el que hemos advertido literalmente cada año, coincidiendo con la temporada de lluvias. Lo que decimos, machaconamente, es que los daños con la consecuencia de la falta de previsión por parte de los gobiernos subnacionales.
Hace unas semanas, en Quime, La Paz, se registró los primeros grandes desastres del año con cientos de familias afectadas por el desborde de dos ríos. El propio viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, habló de construcciones ilegales en el cauce y de investigaciones al respecto.
Hace tres meses, una mazamorra sacudió otra barriada de La Paz, Bajo Llojeta, con docenas de afectados y una niña de cinco años fallecida bajo el turbión. El hecho también movilizó a la Justicia e inició procesos contra el Alcalde de La Paz y sus subalcaldes en busca de quién había autorizado determinadas urbanizaciones en zonas de riesgo para depurar responsabilidades.
Los desastres acechan nuestro día a día, en ocasiones naturales, en otras ocasiones, no tanto, y es legítimo que en esos casos se busque investigar la verdad de los hechos hasta el final y se castigue a los responsables con todo el peso de la ley, porque la negligencia es una de las granes lacras de este país que abusa de la encomienda a Dios.
Ahora, además de perseguir a los culpables del hecho puntual, es hora de que las autoridades de todos los niveles se apoyen en este tipo de sucesos trágicos para implementar campañas preventivas de desastres y desactivar cantidad de bombas de tiempo sembradas por todo el territorio nacional.
La falta de previsiones y el evidente desinterés de las autoridades nacionales hacia un sector importante del transporte, como es el terrestre, ha sido una de las causas de los accidentes viales que, en un año que no ha terminado su primer trimestre, ya ha causado la muerte de casi 140 personas, una cifra que ya tiene características de masacre.
Son miles las denuncias sobre irregularidades en el transporte que a diario se mueven por todo el país. Muchas tienen que ver con carreteras en mal estado; otras tantas tienen que ver con fallas humanas –que siempre son investigables por aquello de las condiciones en las que se presta un servicio–, pero otras muchas tienen que ver con un sistema de Inspección excesivamente relajado y tolerante y ahí es donde fallan las autoridades.
Mientras eso pasa con el transporte terrestre, el asunto de las construcciones en lugares ilegales es el pan nuestro de cada día: viviendas en aires de río y quebradas, alturas irreconocibles y áreas verdes “desaparecidas” son algunos de los asuntos corrientes, pues hay otras más inverosímiles. Depurar lo sucedido en Bajo Llojeta está bien, pero en todas las ciudades del país hay casos latentes que en cualquier momento serán noticia por la desgracia, y de nuevo habremos llegado demasiado tarde.
Ojalá que ahora que los desastres se vuelven más visuales, que las consecuencias nos llegan por el celular y las hemerotecas virtuales son fáciles de consultar, seamos todos capaces de desarrollar un mayor sentido de la responsabilidad, de intentar hacer las cosas bien por defecto y no como excepción y de respetar la norma, que para algo está. Dejemos de contar muertos evitables.
