En el Carnaval de este año del Bicentenario ha aflorado una realidad trágica que siempre estuvo ahí, pero que en estos primeros meses del año se ha hecho más visible: más de 130 personas muertas en las carreteras bolivianas, una cifra inasumible que golpea de plano al país. No es tolerable que algo así continúe, se trata de vidas humanas.
El del lunes pasado, con 31 muertos y 22 heridos tras un choque entre una vagoneta y una flota, es el cuarto accidente de tránsito con numerosas víctimas fatales que se registra en Bolivia en apenas dos semanas.
El 17 de febrero, un autobús de transporte público rodó por un barranco, dejando al menos 28 fallecidos y 20 más heridos. En ambos casos, ocurrió en la carretera Potosí - Oruro.
El 25 de ese mes, otras 12 personas murieron y cuatro más resultaron heridas luego de que un camión que trasladaba comerciantes se volcara tras colisionar contra las barreras de un puente en una zona rural de Oruro.
Hace dos sábados, el choque frontal de dos autobuses se saldó con 37 decesos y 30 heridos en proximidades de Uyuni, en Potosí, cerca de donde se encuentra el salar más grande del mundo.
A estas catástrofes de gran dimensión se une un incesante goteo de muertes en accidentes de tránsito de todo tipo, en los que perecen unas 1.400 personas cada año, al margen de dejar cerca de 40.000 heridas de distinta consideración, al menos la mitad en grado de dependencia.
Como se advierte a simple vista, el problema es de magnitud y debe ser tomado con mayor seriedad. En todo el proceso del transporte hay puntos neurálgicos que atender y cada institución tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Se trata —nuevamente— de vidas humanas.
Las causas suelen ser múltiples; entre ellas, el estado de la carretera, del vehículo y del chofer. A veces, incluso, confluyen las tres en un mismo accidente. Y nadie dice nada. Así estamos.
Vigilar el estado de los caminos suele dejar sorpresas a los propios choferes. La época de lluvias siempre ha causado estragos en el país y en tiempos de crisis resulta todavía más costoso encontrar las soluciones, pero desde luego que jugarse la vida nunca debería ser una opción y el Ministerio de Obras Públicas, al mando de este tipo de operaciones, tendría que ser consciente.
Otro aspecto es el relacionado con la seguridad de los vehículos, para lo que la inspección técnica resulta cualquier cosa menos una garantía. Por otra parte, los choferes no solo deben contar con experiencia, sino estar en perfectas condiciones para manejar; eso incluye, por supuesto, no beber una sola gota de alcohol y tener el suficiente descanso entre un viaje y otro.
Los ministerios de Gobierno y de Obras Públicas deben dar muchas explicaciones y hacer las reformas necesarias para atajar esta situación de inmediato. Los datos son de escándalo y hace falta identificar responsables más allá de los linchamientos mediáticos con los que se suelen ventilar algunos casos puntuales.
